El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que pedirá que se abra una investigación a los jueces que han suspendido su reforma eléctrica al acusarlos de estar "al servicio" de empresas extranjeras y de intereses particulares.
"Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares", expresó en su rueda de prensa matutina.
Este anuncio se produce un día después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras admitir los recursos de amparo de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió "todos los efectos" de la reforma energética, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado, sobre las compañías privadas de renovables.
También ordena revisar con carácter retroactivo los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
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El presidente cuestionó que la suspensión ocurra apenas días después de promulgarse su reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del martes.
"Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo", reprochó.
Mientras el presidente hacía estas declaraciones, simpatizantes del Gobierno viralizaron en redes sociales el nombre y la fotografía del juez Gómez Fierro con críticas similares a las de López Obrador.
El Gobierno mexicano pretende sacar adelante una reforma energética que privilegia a la CFE en detrimento de toda iniciativa privada, con lo que pone en riesgo la inversión de empresas extranjeras.
Aunque tras enviar su iniciativa de reforma, el 1 de febrero, el mandatario había dicho que las empresas "estaban en todo su derecho" de impugnar la ley, ahora criticó sus recursos legales.
El mandatario insistió en que es necesario revisar los contratos que los productores independientes de energía realizaron con el Gobierno.
"Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica, pero la verdad es de que estaban abusando, vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio, ellos fueron beneficiados con contratos leoninos", aseveró.
Además de las empresas, la oposición en el Congreso y algunos gobernadores han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.
El presidente aseguró que no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada en 2013.
"No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas", manifestó.
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