Política energética

La UE apuesta por el mercado libre pero mantendrá una tarifa regulada de forma temporal para los consumidores vulnerables

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Los ministros de Energía de los Veintiocho han llegado a un acuerdo este lunes sobre su posición para poder iniciar lo antes posible las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la normativa para regular el mercado de electricidad, que les permitirá regular de forma temporal los precios para proteger a los hogares pobres o vulnerables aunque en el futuro los proveedores podrán fijarlos libremente.

La directiva, que forma parte del paquete normativo más amplio sobre Energía Limpia presentado en noviembre de 2016 por la Comisión Europea y fija normas comunes para regular el mercado de electricidad en la UE, pone un énfasis particular en los consumidores, a los que da más derechos y garantiza una solución equilibrada por lo que se refiere a los precios regulados.

Entre los principales elementos, la propuesta normativa contempla que los proveedores de electricidad puedan regular en el futuro los precios libremente con el objetivo de limitar distorsiones y alentar la competencia, a fin de reducir los precios para los hogares. No obstante, los Veintiocho se reservarán la capacidad para regular temporalmente los precios para asistir y proteger a los hogares pobres o vulnerables.

Se introducirán eso sí varias salvaguardias para evitar los subsidios cruzados y la discriminación de los participantes del mercado y distorsiones en el mercado transfronterizo mayorista. Los Estados miembro también garantizarán marcos normativos nacionales que permitirán a los proveedores de electricidad ofrecer un contrato de precio dinámico y medidores inteligentes, que también permitirán a los consumidores una participación más activa.

Así, el acuerdo contempla normas específicas para la instalación de medidores inteligentes, que permitirán comprobar el consumo eléctrico en tiempo real. El paquete también establece un marco para el funcionamiento y tratamiento de las comunidades de energía, a fin de garantizar que contribuyan de forma adecuada y equilibrada al coste compartido del sistema.

Por lo que se refiere a las instalaciones de almacenamiento energético, los Gobiernos europeos podrán bajo ciertas condiciones permitir que los distribuidores y las empresas de transmisión sean los propietarios de las mismas o puedan desarrollarlas, gestionarlas u operarlas. Eso sí, las autoridades de regulación nacionales realizarán consultas públicas para evaluar los intereses de las empresas que invierten en estas instalaciones.

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