Los accionistas minoritarios de Red Eléctrica piden la dimisión de Corredor y más transparencia en la gestión

A pocos días de la Junta General de Accionistas de Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica, que se celebrará el próximo 30 de junio, los accionistas minoritarios europeos, respaldados por asociaciones internacionales de inversores, ha alzado la voz para exigir una profunda revisión de la gobernanza de la compañía. Durante rueda de prensa, han adelantado que en la asamblea solicitarán mayor transparencia en la gestión y responsabilidades concretas por lo que califican como una gestión “opaca e irresponsable” de la actual presidenta, Beatriz Corredor.

La principal preocupación de estos accionistas parte de la falta de explicaciones claras sobre el apagón del 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a miles de personas. Según indican, la respuesta de Redeia no solo ha sido insuficiente, sino que ha ignorado las advertencias técnicas y auditorías previas que ya señalaban vulnerabilidades en el sistema eléctrico.

“El procedimiento de operación 7.4, que regula aspectos fundamentales del control de la red, no se ha actualizado desde hace 25 años. Una revisión propuesta en 2021 sigue pendiente de aprobación, lo que demuestra una grave inercia institucional”, han denunciado los representantes, señalando también que el sistema de gestión de riesgos de Redeia ha fallado en anticipar los desafíos que plantea el nuevo mix energético, especialmente con la incorporación de energías renovables.

Los accionistas apuntan directamente a Corredor por no haber asumido responsabilidad alguna tras el incidente, eludiendo dar explicaciones públicas y delegando culpas sin base técnica clara. “En lugar de transparentar lo ocurrido y liderar una revisión interna, ha optado por declaraciones de alto nivel sin sustancia y sin asumir ningún fallo”, critican. Por ello, consideran necesaria su dimisión como un primer paso para restablecer la confianza en la dirección de la empresa.

Influencia del Gobierno en el Consejo

En el núcleo de las críticas está también la creciente influencia del Estado en el consejo de administración, lo que, según los accionistas minoritarios, está erosionando la independencia de los consejeros y poniendo en peligro la equidad en la representación de los intereses de todos los inversores. Así, denuncian la incorporación de nuevos consejeros independientes cuya verdadera autonomía es “cuestionable” y alertan de que la actual composición del consejo podría estar respondiendo más a intereses políticos que empresariales.

“Este no es un asunto político”, insisten los representantes de las asociaciones internacionales. “Es un asunto de buena gobernanza y de responsabilidad frente a los propietarios de la empresa: los accionistas. No importa si se posee una acción o un millón, estamos hablando del dinero de otros, y debe haber rendición de cuentas" añaden.

Falta de comunicación

Además, advierten que la falta de respuesta adecuada tras el apagón y la insuficiente comunicación con los inversores puede derivar en acciones legales por parte de afectados y accionistas. “No buscamos dañar a Redeia, sino evitar que se hunda por una gestión inadecuada. Esta es una infraestructura crítica. Si no se corrige el rumbo, habrá consecuencias judiciales y económicas graves”, advirtieron.

En su análisis, también destacan el papel de auditoras como Ernst & Young, que ya habrían advertido —en informes no públicos— de deficiencias en la infraestructura de control y la flexibilidad de la red. A pesar de ello, según comentan, la empresa habría minimizado públicamente estos riesgos, lo que pone en duda la transparencia de sus declaraciones institucionales.

Los accionistas también denuncian una comunicación post-crisis deficiente, contradictoria con los informes técnicos e incluso con las valoraciones del propio Gobierno, principal accionista de la compañía. “La comunicación ha sido opaca, defensiva y poco creíble. Queremos respuestas claras, comprensibles y que se asuman responsabilidades”, concluyen.