La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha pedido más de mil millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de la planta de gas instalada frente a la costa de Vinaròs (Castellón).
Esta cifra, recogida en el escrito remitido por Aplaca al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por 12.000 euros, la suma provisionalmente estimada como base del perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos.
El colectivo se constituyó el pasado mes de marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados "material o moralmente" por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias.
La solicitud, a la que ha tenido acceso EFE, "tiene el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar así las futuras indemnizaciones a los afectados", han expresado los abogados de Aplaca.
La asociación sostiene que el "temor, la angustia y la incertidumbre" sufrida a lo largo de todos estos años "es indemnizable", tal y como reconoció el Juzgado de Instrucción en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.
Con el objetivo de salvaguardar las posibles indemnizaciones que en su día se acuerden, los abogados de la plataforma han solicitado ante el juzgado una fianza que supera los mil millones de euros.
La asociación recuerda que la promotora de la planta, Escal UGS, "es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente".
A este hecho hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, según consta en el Registro Mercantil, y que la empresa no disponga de página web, advierte la plataforma. "Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma", sostienen las mismas fuentes.
En la solicitud de APLACA se hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016 en el caso del hundimiento en Italia del buque Costa Concordia.
En aquel procedimiento, una asociación de víctimas demandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos indemnizaciones por daños corporales y para todos una indemnización por perjuicio moral.
"Como en el barco, estos vecinos han sufrido, y no durante horas sino durante años, como bien confirma el Síndic des Greuges de la Generalitat de Catalunya, la angustia y el estrés producidos por la instalación de la plataforma", añaden.
"Han sido igualmente durante semanas víctimas del miedo colectivo que se produjo en toda el área afectada por los seísmos, y continúan a día de hoy y desde hace muchos meses con la incertidumbre sobre un posible reinicio de las actividades gasísticas", según las mismas fuentes.
Aplaca solicita que todos los investigados en este proceso han de ser requeridos para hacer frente solidariamente a la fianza que se acuerde. En esta lista incluyen al Estado español, a la concesionaria Escal UGS, S.L; a las socias de la promotora, ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. y Castor Limited Partnership o CLP; y a Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7% de Castor Limited Partnership o CLP.
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