La Unión Europea, en su senda del Green Deal hacía la neutralidad climática a 2050, le ha marcado retos ambiciosos e irrenunciables al sector energético, no solo por el compromiso por el clima, sino como palanca para la recuperación económica.
En España, la actualización del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) mantiene el objetivo de presencia de energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, lo que implica que casi el 75% de la generación eléctrica tendrá que ser generada mediante fuentes renovables en 2030. El proyecto de Ley de Cambio Climático, y ahora el Real Decreto-ley 23/2020, reconocen la gran oportunidad que supone la instalación de más de 60 GW renovables para la generación de riqueza y empleo, derivada de la inversión de más de 200.000 millones de euros.
Las energías renovables tienen unos fundamentales de coste que les sitúan como la tecnología más competitiva en el mix de generación. Lo estamos viendo en los PPAs y lo iremos viendo en las subastas cuando se sucedan. Esto se trasladará a un mix energético cada vez más limpio y competitivo, que a su vez impulsará la reindustrialización gracias a unos costes energéticos más competitivos para nuestras empresas.
Sin embargo, en este escenario donde existe consenso generalizado sobre la necesidad de la transición energética, tenemos un elefante en la habitación: expresión ilustrativa que se utiliza como metáfora de un problema o riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En nuestro caso, el respaldo al sistema se ha convertido en ese aspecto de cuya importancia todos somos conscientes, pero que se está dejando a un lado.
Y es que la otra cara de la moneda de las renovables es la necesidad de respaldo. En este entorno de transición no podemos olvidar la garantía de suministro, que en una economía y sociedad desarrollada es un bien tan irrenunciable como el medioambiental. Por tanto, necesitamos tecnologías complementarias a las renovables que aporten firmeza, flexibilidad. En definitiva, que respalden una penetración creciente de renovables.
A día de hoy, este respaldo lo aportan dos tecnologías clave: la nuclear y los ciclos combinados de turbina de gas (CCGT). La nuclear tiene ya un plan de cierre, a partir de 2027, pero, hasta entonces, contamos con ella como palanca de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad sin comprometer el suministro. La nuclear sigue teniendo unos fundamentales de coste operativos competitivos, equiparables a los de las renovables, con lo que mantener su operación no le supone un coste al consumidor, si bien, el problema surge con la fiscalidad sin límites que se le aplica, que le lleva a una situación de insostenibilidad económica.
Por su parte, con la salida del carbón y de la nuclear, el propio PNIEC reconoce que no sobra ni un MW de CCGT a 2030, que se convierte en la tecnología clave en el respaldo de la próxima década. De hecho, es necesario mantener todo el parque y añadir 6 GW de bombeo y baterías (con algunas dudas de si podremos ponerlo en marcha). Sin embargo, los CCGT se encuentran ante un serio problema de viabilidad económica. El 80% de los CCGT no son capaces ni de cubrir sus costes fijos porque en el actual rol de respaldo, su participación en el mercado es y será muy baja. Dicho de otro modo, el 80% del parque de CCGT está abocado al cierre si no se ponen medidas para garantizar su viabilidad económica.
Todos los países de nuestro entorno, con similares problemáticas, han desarrollado mecanismos (subastas de capacidad, certificados de potencia, reservas estratégicas) que permiten a las tecnologías que aportan potencia firme, monetizar ese valor intrínseco y, por tanto, asegurar su viabilidad económica a la vez que resuelven el problema de seguridad de suministro a un sistema eléctrico con altas penetraciones de energía renovable.
Mientras tanto, España se mantiene inmóvil ante la problemática del respaldo. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de coste? En un escenario en el que el consumidor va a transitar a un mix descarbonizado y, además, con una factura cada vez más barata, con ahorros de cerca del 30% del mercado mayorista, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables, dudamos de que el consumidor no esté dispuesto a costear un elemento, como el respaldo que garantiza que hay luz cuando se enciende el interruptor, con un coste, además, que apenas debería llegar al 0,5% de la factura. El trade-off para el consumidor es tremendamente positivo.
El acuerdo de gobierno prevé la necesidad de los pagos de capacidad, lo cual entendemos demuestra que existe voluntad política, pero con posterioridad, no se le ha dado tratamiento alguno ni en el proyecto de Ley ni en el RDL.
¿Por qué entonces ese respaldo sigue siendo el elefante en la habitación?
Oscar Barrero, socio líder de Energía en la división de Consultoría de PwC
Fernandez
10/07/2020