“España es uno de los Estados que más ha despilfarrado los fondos comunitarios”. Es la conclusión del Tribunal de Cuentas de la UE al analizar el uso de 700 millones de fondos europeos entre 2000 y 2013 invertidos en infraestructura aeroportuaria. El Tribunal de Cuentas europeo cuestiona la falta de rentabilidad de ocho aeropuertos españoles que obtuvieron financiación comunitaria al tratarse de infraestructuras infrautilizadas por falta de planificación y de demanda y, por lo tanto, innecesarias.
Por toda la península se puede corroborar esta conclusión con otros tantos ejemplos de lo que hay detrás de muchos carteles con el anagrama del FEDER o FSE. En los últimos periodos de programación España se ganó buena fama como “los alemanes del sur” al ser el Estado que mejor ejecutaba los fondos en proyectos de “cemento”; sin embargo, éramos incapaces de gastarnos los fondos destinados a innovación tecnológica que debían reprogramarse cada año para poder gastarlos en más infraestructuras. Frente a la capacidad de hacer infraestructuras estaba la incapacidad de invertir en innovación y esta brecha explica mejor que cualquier análisis macroeconómico la naturaleza de nuestra crisis, la decadencia del sector industrial y fenómenos de corrupción asociados a las concesiones públicas.
El fracaso de España en la planificación de infraestructuras y en crear un sistema de innovación tecnológica e I+D está directamente relacionado con la manera en que se han utilizado los fondos europeos y esta reflexión debería tenerse en cuenta para comprender mejor la naturaleza del Plan Juncker para invertir 300.000 millones de euros en los próximos tres años y el Acuerdo de Asociación entre España y la UE para el periodo 2014-2020, firmado el 30 de octubre pasado, por el que España va a disponer de 36.900 millones de euros de fondos europeos para los próximos siete años.
La Comisión Europea quiere relanzar la inversión en Europa con 16.000 millones del presupuesto comunitario y 5.000 más del Banco Europeo de Inversiones para captar 300.000 millones de inversión privada. El plan es un ejercicio de ingeniería financiera y no un verdadero plan estratégico. Se ha comenzado la casa por el tejado cuando lo primero hubiera sido elaborar un veraz diagnóstico del estancamiento de Europa y sus alternativas y solo después hablar de recursos. Con más razón cuando todos los planes anteriores, como la agenda de crecimiento de 2012 para invertir 120.000 millones, han sido otros tantos fracasos. El Plan Juncker es más dudoso todavía cuando Bruselas sigue exigiendo austeridad.
Desde la “Estrategia Europa 2020” las interconexiones eléctricas se han considerado condición necesaria para la integración masiva de renovables y reducir las importaciones energéticas. Estas prioridades han dado a Europa en la última década el liderazgo mundial en la generación descentralizada y sostenible. Sería un error que el Plan Juncker modificara esta estrategia. Pero la reforma energética ha cambiado esas prioridades para España, paralizando las renovables e impulsando los hidrocarburos y el fracking sin considerar el riesgo ambiental. Si las interconexiones se gestionan como un bandazo más de la reforma energética para importar más gas cuando el consumo está bajando, supondrán nuevos costes del sistema que se trasladarán a los consumidores.
El “Acuerdo de Asociación entre España y la UE sobre utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para el crecimiento y el empleo en 2014-2020” abarca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Al FEDER y FSE se destinan 28.600 millones de euros, al FEADER 8.300 y al FEMP 1,16 millones. Los presupuestos comunitarios han asignado a España 36.900 millones de euros para los próximos siete años.
En relación con los objetivos energéticos, el Acuerdo recoge que “los fondos EIE proporcionarán una contribución significativa a la reducción del consumo de energía en los edificios y en las empresas, y facilitarán el logro del objetivo de la reducción del 20% en el consumo de energía primaria en 2020”. Los fondos también contribuirán a aumentar la tasa de empleo del 59,3% en 2012 al 74% en 2020.
Se presta especial atención a la dimensión territorial de las intervenciones, especialmente en el área del desarrollo urbano. “Al menos el 5% de la dotación del FEDER se invertirá en acciones de desarrollo urbano sostenible integrado, que son aquellas que abordan varios objetivos temáticos y se incluyen en las estrategias urbanas correspondientes”. “Alrededor de un 22% de la dotación total de fondos EIE contribuirá a apoyar la consecución de objetivos relativos a la lucha contra el cambio climático”.
En el desglose de las dotaciones por objetivos temáticos se destinan 4.241 millones a favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, 1.825 millones a promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos y 4.398 millones a proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Sólo estos tres objetivos suman más de 10.400 millones de euros que podrían destinarse a eficiencia energética y a proyectos urbanos sostenibles que en Europa se consideran como innovación tecnológica. Otras dotaciones significativas son 2.400 millones a transporte sostenible y eliminación de estrangulamientos en las infraestructuras de red y 2.050 millones a mejorar el uso y calidad de las TIC.
La gestión de los fondos europeos va a priorizar el apoyo a la financiación de proyectos y las inversiones territoriales integradas más que a subvenciones directas. Se pretende “mejorar el impacto territorial de las intervenciones en las áreas específicas a través de la combinación de diferentes fuentes de financiación y la movilización de varios objetivos temáticos”.
El enfoque de los fondos es ascendente, de lo local a lo regional y lo nacional. La iniciativa municipal y regional va a tener un papel fundamental en la identificación y desarrollo de proyectos integrales de eficiencia energética, rehabilitación energética y urbanismo sostenible por ser las administraciones competentes en la ordenación del territorio, aunque la reforma energética las haya burlado por completo, y porque los objetivos energéticos de los fondos se orientan hacia la energía descentralizada y la ciudad sostenible, algo que la reforma energética tampoco contempla.
A diferencia del Plan Juncker, que nace sin proyectos, ni presupuesto, ni financiación, los fondos estructurales están aprobados y consignados en los presupuestos y su importe equivale al 3,5% de nuestro PIB. El reto es ser capaces de impulsar nuevas especializaciones productivas y generar proyectos de innovación energética para aprovechar el impacto económico, social e industrial de los fondos europeos con la colaboración público-privada que asegure su cofinanciación. Hay siete años por delante para dar el salto de la inversión en “cemento” a la inversión en innovación, de mayor valor añadido. Solo así se demostraría que algo hemos aprendido de esta crisis.
Javier García Breva es experto en políticas energéticas, presidente de N2E y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
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