Renovables

Los juicios por los recortes a las renovables entran en su recta final

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Fachada del Tribunal Supremo en Madrid. FOTO: CGPJ

A finales del pasado mayo empezaron los juicios por los recortes a las renovables, cogeneración y residuos que el Gobierno aprobó en junio de 2014. Prácticamente un año después de ponerse las demandas el Tribunal Supremo está a punto de retirarse para estudiar los casos después de oír en buena parte (puede que quede algún caso pero la mayoría ya han pasado por el Alto Tribunal a declarar) a los demandantes.

Este lunes, por ejemplo, una de las causas con más demandantes (miles de productores en su mayoría fotovoltaicos) ha pasado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para explicar su posición. Los abogados del bufete Holtrop se han presentado con su experto perito Alberto Ceña para aclarar a los magistrados el informe pericial que presentaron a principios de este año y que recogió este diario.

Un informe que relataba que miles de plantas fotovoltaicas no podían afrontar los pagos a los bancos tras los recortes del Real Decreto 413/2014 y la Orden de parámetros de las retribuciones a las instalaciones de renovables.

Ceña ha explicado pormenorizadamente lo que cobraban estas plantas y lo que tras el recorte han dejado de hacerlo por lo que les impide afrontar las deudas con las entidades financieras. Pero los magistrados no se han quedado solo ahí, ya que en esta causa, y también con la firma de Ceña se presentó otra prueba pericial que ha llamado la atención del Supremo. Se trata del informe que destripaba el documento presentado por la consultora Roland Berger y que dejó descolocada a la Abogacía del Estado.

Era una prueba que no se esperaba nadie pero que el Supremo admitió a trámite. La Abogacía del Estado, viendo que peligraba el caso por la aportación de pruebas (en otras causas también se han aportado informes periciales pero no tantos y tan exhaustivos) se vio en la obligación de presentar un año después de aprobarse la norma el informe del IDAE con el que presuntamente se realizaron los recortes.

Finalmente, nadie del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético se tendrá que presentar a declarar en el Supremo ya que éste no lo ha requerido al entender que la prueba era un contrainforme al presentado sobre el documento de Roland Berger.

Pero este no es el único caso que ya ha pasado por la Sala Tercera del Supremo. La causa de la Asociación de Productores Fotovoltaicos (Anpier) también está en su recta final así como la de Acogen y otras empresas o asociaciones que han presentado demandas.

En el caso de Anpier, este diario dio a conocer en exclusiva una de las pruebas periciales que presentaron, el informe realizado por el expresidente de Red Eléctrica y exconsejero de la CNE, Jorge Fabra, en el que desgranó las verdaderas causas de cómo se ha generado un enorme déficit eléctrico de 30.000 millones en el sistema. En su comparecencia, Fabra explicó la teoría de los windfall profits de las grandes eléctricas en sus instalaciones hidroeléctricas y nucleares y cómo esos beneficios han causado un gran agujero en el sistema eléctrico español.

Tras estas comparecencias, los juicios entran en su recta final. Dentro de pocas semanas el Supremo volverá a llamar a las partes en cada una de las causas para escuchar sus conclusiones. Cuando eso suceda, los magistrados se retirarán para discutir cada caso y cumplir sentencia. No se puede decir lo que tardará el Supremo en firmar la sentencia, pero probablemente, según varios expertos jurídicos, se alargue hasta la primavera del próximo año.

Esto quiere decir que las sentencias a estos casos se conocerán con un nuevo Gobierno y que a lo mejor no tiene que ver con el actual que tomó la decisión de recortar aún más las retribuciones a las instalaciones de renovables.

Aunque cada causa es bien distinta porque cada instalación no tiene mucho que ver con las características de otras, es más que probable que el Tribunal haga un pronunciamiento y lo aplique al resto de casos.

Cabe recordar que el Supremo admitió a trámite más de 350 demandas de distintas personas jurídicas, pero como sucede con casos de esta envergadura, el Supremo solo ha estudiado unos pocos casos representativos del resto. Si no el proceso podría eternizarse. Es una manera legal de recortar los tiempos. Ahora ya queda poco tiempo para que el Supremo se pronuncie sobre uno de los casos que más expectación ha creado en los últimos años en la sociedad española.

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Un comentario

  • Alfonso

    Alfonso

    29/09/2015

    Mucha suerte para los productores. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, pero aquí siempre se ha legislado para las empresas y no para las personas.

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