Uno de los responsables de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Lluis Calatayud, ha afirmado que esta entidad se siente como la de los ‘preferentistas’, pero con la diferencia de que los promotores de parques solares no han tenido una solución favorable.
Lo ha afirmado durante una jornada celebrada esta tarde en la Cámara de Comercio e Industria de Zamora para dar a conocer su situación y sensibilizar sobre la necesidad de que se respalde la producción de una energía renovable como la solar fotovoltaica.
Calatayud ha calificado de “delito” lo que el Estado ha hecho con estos productores, al recortar con carácter retroactivo las primas por la producción de este tipo de energía.
También ha anunciado que Anpier, que cuenta con 4.200 socios en España y ha atendido ya cerca de 2.400 consultas de productores fotovoltaicos, abrirá el 15 de octubre una sede en Bruselas que se sumará a la que ya tiene en Madrid. El objetivo es contar en la ciudad belga con una persona de forma permanente para hacer las gestiones necesarias ante la Comisión Europea.
La reunión celebrada esta tarde en Zamora se enmarca en una serie de jornadas en toda España sobre producción fotovoltaica que, bajo el título “Camino del Sol 2016”, esta semana se desarrollarán también en Valladolid y Salamanca.
El objetivo es defender el proyecto de transición energética de este colectivo y exigir soluciones y respuestas a lo que consideran un “caos sectorial”.
En Castilla y León hay seis mil familias con parques solares que suman 500 megavatios de potencia y que generan 750.000 megavatios a la hora de energía al año, lo que evita emisiones de 233.325 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Una superficie de placas fotovoltaicas equivalente a un estadio de fútbol sería capaz de suministrar energía a 347 hogares a un coste de 44,44 euros/megavatio hora, cuando el precio de la energía en el mercado suma cincuenta, según han puesto de relieve los promotores solares.
Anpier busca impulsar la seguridad jurídica de todos las familias productoras fotovoltaicas y promover el uso social de la energía solar fotovoltaica, como base de un necesario cambio de modelo de generación eléctrica imprescindible para combatir el cambio climático que provocan las energías fósiles.
La asociación ha subrayado que los recortes retroactivos impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy al sector fotovoltaico han obligado a la gran mayoría de las 62.000 familias productoras españolas a refinanciar sus instalaciones para no perder sus activos ni las garantías personales retenidas por la banca.