Las plantas de tratamiento de purines no han acabado con la batalla judicial que iniciaron contra el Ministerio de Energía por los recortes de la reforma eléctrica de 2013. Entonces la reducción de las retribuciones les provocó el colapso de sus plantas de cogeneración, donde se quemaba gas natural para secar térmicamente los purines. La reforma redujo sus ingresos entre un 30% y un 40% y todas las centrales tuvieron que cerrar.
Sin embargo, aquella batalla la ganaron el año pasado, porque el Tribunal Supremo les dio la razón, y el Ministerio tuvo que aprobar la Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, in extremis, porque si llega a tardar dos días más, el alto tribunal le hace pagar a Álvaro Nadal una multa de 1.000 euros, continúa.
Aunque el Gobierno aceptaba la revisión al alza de la retribución a las plantas de purines, que suponían 142 millones en 2017, pero a cambio rebajaba la vida útil regulatoria de las plantas de 25 a 15 años, lo que ha vuelto a poner en jarras al sector. "Todo este tema está judicializado, porque el 'obligado a', es decir, el Ministerio de Energía, aplica la sentencia del Tribunal Supremo de manera poco apropiada, no se ajusta a los términos exigidos por decisión judicial", señala la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (Adap), que defiende a las 29 plantas de tratamiento de purines que aún se resisten a desaparecer, "así que este mes de septiembre hemos presentado varias alegaciones al recurso principal para que el Ministerio de Energía se ajuste a la sentencia".
A ADAP y a los purines les gustaría acabar con esta guerra judicial, pero "cuando conseguimos que se mejoraran las retribuciones, el problema volvió a acentuarse al cambiar, sin venir a colación, los años de vida útil regulatoria de las plantas, y nos vemos obligados a continuar".
"Si se rebajan los años de vida útil hasta diez años, muchas plantas no les tiene a cuenta abrir, y mientras el Supremo toma una decisión al respecto, la situación es de 'a ver qué pasa', es decir, que están en modo mantenimiento", añade ADAP, "porque creemos que en un plazo de cuatro o cinco meses, a principios de 2018, sabremos cuál la posición del alto tribunal y podremos poner en marcha todas las plantas a excepción de dos o tres que sabemos que ya no abrirán más".
La asociación representante del sector se muestra optimista porque "hasta el momento somos los únicos afectados por la Ley del Sector de 2013 a los que los tribunales siempre nos han dado la razón, aunque entendemos que no solo es porque la tengamos, sino porque somos un sector muy unido, y eso ha sido una ventaja de cara al Tribunal Supremo", añaden, "por ejemplo, nos ayuda que el recurso que hemos presentado desde ADAP y todos los que han presentado cada una de las plantas afectadas son muy parecidos".
PNL para reabrir los purines
Y mientras se dirime en los tribunales el futuro de los residuos orgánicos de la industria porcina, que representa una importante actividad económica en España con más de 25 millones de cabezas de porcino en 2013 en toda España, el 51% de las cuales sólo entre Cataluña y Aragón, a nivel político se intenta impulsar de nuevo el sector.
La Comisión de Energía del Congreso de los Diputados acaba de aprobar por mayoría una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa del PSOE ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.
El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues "disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y las medidas relativas a la lucha contra el cambio climático".
Y aunque por el momento solo es una PNL, con poco recorrido político, que todos los partidos lo apoyen y que el único que no lo haga, se abstenga, podría ser una oportunidad para que pudiera continuar con el proceso legislativo.
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