La Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la reforma tarifaria del Gobierno central por el uso de ese trasvase que los obligará a pagar 12 millones de euros reciban o no agua por ese canal.
En un comunicado, su presidente, Lucas Jiménez, ha denunciado que en la reforma aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 9 de junio el Ministerio de Agricultura "cambia el criterio interpretativo dado hasta ahora desde la entrada en vigor de la ley 52/1980" de ese año de regulación del régimen económico de la explotación de ese acueducto.
Según sus palabras, "opta por un nuevo sistema de cálculo claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores del sureste español", puesto que "las comunidades de regantes abonarán cantidades fijas de dinero, se trasvase agua o no".
"Criterios similares -explica- se utilizan en otro tipo de suministros, como el de la energía eléctrica, pero en este caso la posibilidad de consumir está siempre garantizada".
Los agricultores quieren "agua y pagar, por ese orden", sostiene, pero "lo que resulta insostenible es establecer una tarifa para 421 hectómetros cúbicos sin trasvasar un solo metro cúbico a sus tierras".
A la extremada sequía y sus efectos, entre otros, "tener que asumir aguas desalinizadas con costes desorbitados con respecto al resto de regantes del país", los agricultores del sureste, critica, "han de unir ahora tener que pagar por algo que no recibirán y en esta ocasión el importe fijo a satisfacer será de 12 millones sin la ansiada contraprestación del agua".
Además, añade, el real decreto ley 10/2017 de este año de medidas extraordinarias para paliar los efectos de la sequía, "que pretendía eximir el pago parcial del agua consumida este año, queda en suspenso, puesto que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo aplica al interpretar que está supeditado a la llegada de caudales que sumen o no la mitad o menos de las dotaciones totales normales de los agricultores".
"Queda patente -concluye- que ese decreto solo resultó ser un mero instrumento de maquillaje para cambiar el criterio de aplicación de las tarifas de aguas trasvasadas", por lo que los regantes consideran que "exime desde el mismo momento de su publicación y no ha de diferirse en el tiempo".
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