El borrador del Estatuto Electrointensivo que publicó el Ministerio de Industria contiene medidas que, en opinión de CCOO y UGT, son escasas y confusas. "El Gobierno no da solución a las empresas que acreditan una elevada intensidad de consumo; pone en riesgo comarcas enteras y no vincula los mecanismos de ayuda al mantenimiento de la producción y del empleo", señalan los sindicatos en un comunicado conjunto. Los sindicatos presentarán su batería de alegaciones.
Tras analizar de forma rigurosa el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos que se publicó la semana pasada, UGT FICA y CCOO de Industria han decidido plantear sus propuestas. Entienden que la cartera que dirige Reyes Maroto no soluciona el problema de las empresas que consumen más energía. También tienen serias dudas de que se provoque un ahorro real y no se añadan más costes al imponer nuevas obligaciones. Por eso plantean establecer la figura del consumidor hiperelectrointensivo, tal y como se hizo en Francia, tras aprobarlo la Unión Europea. "Para estas empresas habría que recuperar el servicio de interrumpibilidad", señalan los sindicatos.
CCOO de Industria y UGT FICA están convencidos de que a este tipo de consumidores se les deberían aplicar medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico.
"En el documento del Gobierno se observa que el grado de compensación es inversamente proporcional a la gravedad del problema que se quiere resolver", resaltan. Las dos organizaciones creen que no de debe dejar pasar la oportunidad histórica de crear un marco energético estable. Proponen reducir los peajes de acceso, compensar el 7% del impuesto de producción e incluir el céntimo verde del carbón. La participación sindical en todo el proceso también les parece fundamental para garantizar que las medidas se aplican de la forma correcta.
Además, los sindicatos echan en falta en la propuesta de Estatuto que se obligue a las empresas beneficiarias a mantener la producción y el empleo mientras estén vinculadas a las ayudas. En la actualidad, aunque se produzca un descenso de la plantilla y la actividad del 85%, se mantienen todos los beneficios.
UGT FICA y CCOO de Industria proponen elevar a cinco años el ámbito temporal y a la mitad la actividad industrial. Las grandes consumidoras de energía también deberían comprometerse, en opinión de las dos organizaciones, a aplicar en sus procesos productivos las mejores tecnologías disponibles relativas a la eficiencia energética y a potenciar las inversiones necesarias en proyectos de economía circular.
Las alegaciones incluyen, además, un amplio apartado que amplía los mecanismos de apoyo que se contemplan. Creen que la partida destinada a compensar los costes por emisiones indirectas de CO2 debe estar reconocida de forma ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado y que se debe aplicar en su integridad hasta el máximo autorizado por la Comisión Europea (20% de lo recaudado). Entienden que es necesario elevarla hasta los 280 millones, tal y como lo permite la legislación europea.
Los sindicatos proponen, además, modificar la compensación, hasta alcanzar el 100% del coste real, de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de territorios no peninsulares.
En cuanto a las PPA’s, rechazan la medida. Consideran que solamente define la obligatoriedad de contratar a plazo un 10% del consumo anual, al consumidor, pero no establece ninguna medida sobre el precio de venta que fije el suministrador. Además, contradice los objetivos que el Gobierno se marca en el PNIEC de llegar hasta el 74% de energías renovables.
Manolo
20/02/2020