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Los transportistas lamentan la falta de exenciones para los combustibles renovables en 2025

Astic defiende que la reducción de la política fiscal a estas fuentes de energía es una solución realista para que estos sectores puedan reducir ya sus emisiones

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La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), patronal del transporte profesional terrestre en España, lamenta que el Gobierno no contemple la aprobación de tipos impositivos reducidos o exenciones para los combustibles renovables en la batería de normativas tributarias para 2025.

Estas fuentes de energía de baja o neutra huella de carbono se obtienen a partir de materias primas alternativas a las fuentes fósiles y, según la patronal, disminuyen la huella de carbono en un promedio del 82% y pueden alcanzar incluso una reducción total del 100%, en comparación con los combustibles fósiles.

El Gobierno ha extendido hasta fin de año la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, con un máximo de 3.000 euros, más la exención del Impuesto de Matriculación los primeros dos años y un 75% de bonificación desde el tercero.

Los combustibles renovables

El vicepresidente de Astic, Ramón Valdivia, afirma que los objetivos que esgrime el Ejecutivo para establecer estos beneficios son tres: promover la transición de los combustibles fósiles a energías renovables para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de nuestra seguridad energética.

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A su juicio, estos objetivos "también se logran utilizando combustibles renovables que, sin embargo, continúan sometidos a la misma carga impositiva que los de origen fósil", señala en un comunicado.

De esta manera, la patronal defiende que la reducción de la política fiscal a estas fuentes de energía es una solución realista para que sectores como el transporte pesado por carretera, la aviación y el transporte marítimo puedan reducir ya sus emisiones.

Para Astic, un impuesto cero para biocarburantes como el aplicado en Francia podría bajar el coste total de propiedad de coches gasolina y diésel hasta 6.000 y 5.000 euros, respectivamente, lo que reduciría el coste en un 24% para los usados y entre un 13% y 15% para los nuevos.

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