Madrileña Red de Gas considera que la propuesta de recortes en la retribución del sector gasista de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) daña la financiación del sector y la seguridad jurídica de España.
En un comunicado, la compañía indica que en sus alegaciones, que presentará a la CNMC el próximo 9 de agosto, al igual que otras compañías del sector, argumentará que el recorte daña la estructura financiera de la compañía, eleva sus costes de financiación y destruye el valor de su acción.
Por ello, estima que la propuesta del regulador "quebranta la seguridad regulatoria y jurídica de España justo cuando se han de atraer fuertes inversiones extranjeras para afrontar el coste del Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC)".
La gasista subraya que centrará sus alegaciones a la propuesta de la CNMC, que plantea recortes en el siguiente periodo regulatorio del 17,8% a la distribución de gas y del 21,8% a la de transporte de gas y regasificación, "en determinados aspectos que afectan tanto al fondo como a la forma de la circular".
Asimismo, la compañía presidida por Pedro Mielgo señala que el borrador de circular de la CNMC pone en riesgo la transición energética que ha puesto en marcha el Gobierno con este plan.
"La modificación, contemplada por la CNMC, de la metodología para determinar la retribución de los costes por el uso de las instalaciones de distribución de gas natural penalizará la sustitución de calderas de carbón, gasóleo y de gas licuado de petróleo (GLP) para reducir el CO2 y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, con ahorros importantes al cliente final", indica.
Además, cree que dificulta la inversión en la sustitución por gas natural de vehículos diésel donde el eléctrico no es una opción, como las flotas de reparto en general, furgonetas, taxis, autobuses por el gas natural en camiones, furgonetas, autobuses y vehículos de alto kilometraje.
Asimismo, Madrileña Red de Gas denuncia "anomalías, deficiencias e irregularidades" en el modelo propuesto por la CNMC, empezando por su arbitrariedad al no justificarse el cambio de modelo en la circular.
La CNMC "ignora la realidad" y propone un cambio "brusco y radical"
De esta manera, considera que el regulador "ignora la realidad de la distribución, sus beneficios reales y su rentabilidad, tanto en términos absolutos como en comparación con los comparables europeos".
Así, cree que la propuesta de la CNMC para el siguiente periodo regulatorio supone "un brusco y radical cambio del actual marco regulatorio y lo aleja del modelo estándar europeo", como lo consideran agencias de rating internacional como Standard & Poors.
La compañía señala que el regulador descarta un sistema basado en activos y en actividad, y en lugar de incentivar la eficiencia "penaliza a las empresas más competitivas".
"La CNMC aparentemente pretende abaratar el gas a partir de la consideración de que las empresas distribuidoras están sobre retribuidas, pero ni justifica en ningún momento esta pretensión ni, siquiera, identifica qué conceptos están sobre retribuidos", resalta.
En sus alegaciones al organismo presidido por José María Marín Qumeada, Madrileña Red de Gas también señala que el precio del servicio para el cliente final es menor en España que la media europea, por lo que advierte que de llevarse a cabo "las desproporcionadas acciones" propuestas, la empresa sería "inviable" a partir de 2023, mientras que el ahorro medio para el consumidor doméstico se situaría en 2,5 euros al mes.
Falta de transparencia
Además, la gasista se muestra especialmente crítica con el proceso seguido por la CNMC, poniendo de relieve "los graves defectos de forma en que incurre su circular", incluyendo "la falta de transparencia y la inobservancia de procedimiento reglado alguno establecido con anterioridad" que considera que ha cometido.
Además, alega que la CNMC ha omitido la "hasta ahora práctica habitual de establecer con los agentes un diálogo permanente y previo" a la elaboración de sus circulares.
Así, subraya que el nuevo marco que propone el regulador "no era esperado por el sector y el repentino anuncio de nuevas normas es contrario a las buenas prácticas regulatorias y al principio de estabilidad de la regulación".
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