El expresidente de Kutxabank Mario Fernández Pelaz ha dimitido de su cargo de vocal del consejo de administración de Repsol, debido a que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le condenaba por pagos irregulares en Kutxabank.
La sección sexta de la Audiencia de Vizcaya condenó a Fernández a medio año de prisión por un delito de apropiación indebida, quien presentó un recurso a la resolución judicial el pasado 20 de marzo de 2017 al considerar que su actuación había sido "legal y ética y siempre en defensa de los intereses de Kutxabank".
Según ha informado Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fernández Pelaz ha dimitido este martes del consejo de administración de la compañía al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación que interpuso.
Repsol ha expresado su reconocimiento a la categoría profesional y personal de Mario Fernández, así como su gratitud por la "extraordinaria contribución" como consejero de la compañía desde el 15 de abril de 2011.
Medio año de prisión
La Audiencia vizcaína condenó en marzo del pasado año a Mario Fernández y al abogado Rafael Alkorta a medio año de prisión, cada uno, por un delito de apropiación indebida, mientras que al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces se le impuso un año de cárcel por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares que el banco habría realizado a éste último.
Los tres condenados fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Vizcaya entre el 14 y 17 de febrero de 2017 por pagos supuestamente irregulares por importe de 243.592 euros del banco vasco a Cabieces, cuando Fernández estaba al frente de la entidad. Éstos se realizaron a través del bufete de abogados de Alkorta.
La sentencia les condenó por apropiación indebida, pero absolvió del delito de falsedad en documento mercantil del que también se les acusaba. La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de cárcel, mientras que la acusación popular reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno vasco y para Rafael Alkorta, y tres dos años y tres meses para Mario Fernández.
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