La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, han pedido este miércoles en el Congreso al PP arrimar el hombro y ayudar a mediar para atajar la crisis industrial generada a partir de los precios históricos en el mercado mayorista de la electricidad.
Y es que durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja ambas ministras han debido de enfrentar las acusaciones del principal partido de la oposición acerca de los efectos de su política en la industria.
Su portavoz industrial, Tristana Moraleja, ha acusado al Ejecutivo de "condenar a la industria por acción y por omisión", de abandonar la empresa y no contar con un plan industrial solvente, provocando el cierre de empresas y desinversiones en las plantas de producción.
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Asimismo, ha señalado cómo muchas de las plantas ya han anunciado que suspendían su actividad por no poder hacer frente a los precios de la electricidad, algo que ha atribuido a la política energética del Gobierno y a una estrategia de transición ecológica "ideológica" y "no ecológica".
Frente a ello, Maroto ha afeado al PP que votara en contra de las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar los impuestos en la electricidad y tratar de abaratar los precios, y ha destacado que las partidas contempladas en los Presupuestos para la industria, 4.831 millones de euros, son las más cuantiosas, nunca antes alcanzadas, y en ellas figuran nuevos ingresos para compensaciones de los derechos de CO2.
EL GOBIERNO BUSCA "CONSENSO" ENTRE INDUSTRIA Y ELÉCTRICAS
Antes, la vicepresidenta Teresa Ribera ha invitado al PP a colaborar para buscar el "consenso" entre la industria y las eléctricas, y ha defendido que el Gobierno plantea avales públicos y el recurso de fondos de garantías para su suministro energético.
Y es que Ribera ha venido lamentando la alta dependencia de la industria del mercado mayorista de electricidad, cuya evolución es diaria, y el poco peso de la contratación a medio y largo plazo, por lo que plantea medidas para facilitar nuevos contratos a plazo a precios más asequibles que los niveles actuales.
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