La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha presentado su tercer estudio sobre la Pobreza Energética en España, según el cual, en el año 2014, más de 5 millones de ciudadanos se declaraban incapaces de calentar sus hogares en invierno, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia nacional para su prevención y mitigación que mejore la eficiencia energética de los edificios, como solución más óptima a medio y largo plazo.
Se trata del tercer trabajo de investigación realizado por ACA desde que en 2012 viera la luz el primero de ellos, que supuso un paso importante para el reconocimiento de la existencia de esta problemática en nuestro país.
A pesar de los avances y medidas puestas en marcha en estos dos últimos años, sobre todo en el ámbito autonómico y local y de forma más acusada desde la entrada de nuevos equipos de gobierno, el problema está lejos de solucionarse a la vista de los resultados y la pobreza energética sigue siendo una realidad que afecta a una proporción significativa de hogares que residen en España.
Este nuevo estudio ha querido dar un paso más respecto a los dos informes anteriores en la medición del fenómeno, por lo que ha incorporado nuevos indicadores basados en el enfoque de ingresos y gastos a partir de desarrollos metodológicos ocurridos en los últimos años. En concreto, se ha llevado a cabo una aplicación del indicador oficial del Reino Unido, denominado Low Income-High Costs o LIHC, y se han realizado tres estimaciones de indicadores de un estándar basado en el concepto de ingreso mínimo aceptable (Minimum Income Standard o MIS) , que aún no está definido cuantitativamente para el caso español. De este proceso ACA concluye que los diferentes indicadores están capturando diferentes con distintas vulnerabilidades a la pobreza energética.
Por ello, eliminando aquellos resultados basados en supuestos extremos para el caso español, el análisis de los seis tipos de indicadores recopilados para este estudio indica que hasta un 21% de los hogares españoles estaban experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética en 2014. Un 6% de los hogares españoles (2,6 millones de ciudadanos) estaban dedicando más de un 15% de sus ingresos familiares en el pago de las facturas energéticas, es decir, dedicaban aproximadamente 3 veces más que la media española.
Por otro lado, si atendemos a los dos indicadores principales calculados en los estudios de 2012 y 2014, relativos a los hogares con gastos desproporcionados (hogares con un porcentaje de gastos en energía domésticos sobre ingresos superior al 10%) y aquéllos que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en la estación fría, nos encontramos en 2014 con tasas del 15% y 11%, respectivamente. Ambos indicadores han evolucionado de forma distinta desde el informe anterior, con datos de 2012; Por un lado, se ha producido un descenso en el primer indicador (gasto en energía desproporcionado), mientras que en el segundo, incapacidad de mantener temperatura adecuada, se registra, por el contrario, un incremento de un 22% en tan sólo dos años.
Precisamente atendiendo a este indicador, el año 2014 fue el único y primer año de toda la serie disponible en el que el porcentaje de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (11,1%) superó el promedio de la UE (10,2%). Este porcentaje representa a los 5,1 millones de ciudadanos que, en el año 2014, se declararon incapaces de calentar sus hogares en invierno.
Pero no es el único indicador que muestra una evolución preocupante. Llama especialmente la atención que en el año 2014 más de tres millones de personas vivían en hogares que registraron más de un retraso en el pago de los recibos de energía.
Grandes desigualdades territoriales
El estudio concluye que no todas las comunidades autónomas son igual de vulnerables frente a esta problemática. Las cuatro regiones con mayor grado de afección según los indicadores recopilados son, tanto en 2007 como en 2014, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Por su parte, las tres Comunidades Autónomas que muestran una vulnerabilidad menor son País Vasco, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid también para ambos años.
Respecto a la densidad de población, los indicadores de gasto señalan una mayor incidencia en zonas rurales o escasamente pobladas, quizás relacionadas con la tipología de viviendas (más espaciosas y difíciles de calentar que en ciudades). Sin embargo, los indicadores basados en percepciones y declaraciones del hogar no indican una tendencia tan clara más allá de una mayor presencia de goteras humedades y podredumbre en zonas rurales. En cualquier caso el estudio pone de manifiesto que la problemática de la pobreza energética también incide en los ámbitos rurales y que las estrategias para su erradicación tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas, a pesar de que en ambos ámbitos regionales se cumpla que los hogares vulnerables son los que habitan en viviendas provistas de envolventes térmicas o de sistemas de calefacción de baja eficiencia energética.
Caracterización socio-demográfica
Por ejemplo, según el nivel educativo, casi un tercio (31%) de los hogares que no saben leer ni escribir se situarían como hogares en pobreza energética según el indicador del 10%, frente al 7% que registran los hogares con estudios superiores.
En cuanto a la situación laboral los desempleados, nuevamente, vuelven a mostrar tasas más elevadas que otros grupos como los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena o los perceptores de pensiones contributivas. Así, en el año 2014, el 21% de los hogares en situación de desempleo registraron retrasos en el pago de las facturas, frente al 7% de los hogares trabajadores.
La composición del hogar también se ha mostrado determinante. Así, los hogares con personas mayores, las familias monoparentales y las familias con 3 o más niños dependientes, mostraban en 2014 tasas más elevadas que otras tipologías de familias, cuestión que debería tenerse en cuenta a la hora de definir el concepto de consumidor vulnerable.
En relación a las condiciones de la vivienda y al régimen de tenencia, las viviendas en régimen de alquiler, y en especial aquellas con rentas más bajas, muestran tasas más altas de pobreza energética, tanto en los indicadores de gastos e ingresos como en los basados en declaraciones y percepciones, que las viviendas en propiedad.
El estudio también ha querido analizar la incidencia de la pobreza energética por niveles de renta para aproximarse al concepto de desigualdad energética, concluyendo que los hogares con rentas más bajas gastan menos por persona y unidad de superficie de la vivienda pero realizan un sobreesfuerzo para asumir las facturas. Así, los hogares con rentas más bajas gastan 3 euros menos por metro cuadrado y persona que los hogares con mayor renta, pero, a pesar de ello dedican de media un 12% de su renta al pago de las facturas de energía doméstica (frente al 3% de los hogares con rentas superiores).
Salud y pobreza energética
El nuevo estudio ha puesto de manifiesto como no sólo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud.
Por otro lado, ACA pone de manifiesto que las situaciones de pobreza energética no sólo afectan a las decisiones de gasto del hogar, que tiene que debatir cómo distribuir sus ingresos entre todas las necesidades básicas del hogar, sino también a la calidad de vida y a la salud de las personas, hasta el punto que podría estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2014, la mortalidad adicional de invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética. En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014, y se estima que la contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en España.
Cómo solucionar la pobreza energética
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) propone una actuación coordinada en entre diferentes actores y niveles de la administración por medio de una estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética que involucre a los tres niveles de la administración, a las empresas suministradoras, ONGs y a los movimientos ciudadanos.
En este proceso, ACA reclama: • Impulso de la rehabilitación energética de edificios con enfoque de pobreza energética, como solución a medio y largo plazo a esta problemática y como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad futura de la población. • la reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables; • actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos y el acceso a fondos de ayuda para ampliar las situaciones más vulnerables; • la reforma de las políticas de financiación de eficiencia energética con el fin de beneficiar prioritariamente a hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda; • el mejor aprovechamiento de oportunidades en el campo de la microeficiencia; • fomentar programas de formación orientados a los colectivos vulnerables en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética, • mejorar la transferencia y uso de información relevante para una mejor toma de decisiones, incluyendo la recogida de estadísticas oficiales.
Punto de Información al Consumidor Vulnerable (PICV)
Junto a la presentación del tercer estudio sobre la pobreza energética, ACA ha anunciado la puesta en marcha del PICv “Punto de Información al consumidor vulnerable” que ha sido concebido como una herramienta de información y consulta personalizada para los ciudadanos, y en especial para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la pobreza energética. El PICV es una de las acciones contempladas en el proyecto “Punto de Información al consumidor vulnerable. Una herramienta imprescindible para prevenir y erradicar la pobreza energética” que se desarrolla con la colaboración de Obra Social “la Caixa” y el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
La información, formación y asesoramiento son herramientas clave para la adopción de medidas paliativas, preventivas o correctoras que permitan a los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y su salud, así como ahorrar en sus consumos energéticos. El PICV se suma a los puntos de información que determinados ayuntamientos han puesto en marcha pretende ser además un instrumento colaborativo que recabe el interés de diferentes entidades, administraciones u organizaciones por aproximar al ciudadano una información que pueda permitirle tomar decisiones o adquirir hábitos que reduzcan su vulnerabilidad a la pobreza energética.
El PICV ha habilitado diferentes medios de contacto para que los ciudadanos puedan consultar información y realizar sus preguntas.
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