La mayoría de los alemanes rechaza el precio del CO2 en combustibles para transporte y calefacción

El precio nacional alemán de las emisiones de CO2 de los combustibles utilizados en los sectores del transporte y la calefacción carece de aceptación entre la población, según muestra una encuesta de la fundación Hans Böckler. Mientras que cerca de la mitad de los encuestados rechazaba el precio del CO2 en combustibles como la gasolina, el gasóleo o el gasóleo de calefacción, sólo una cuarta parte (26%) afirmaba que era aceptable pagar el gravamen.

Tres de cada cuatro ciudadanos se sentían mal informados sobre el tema de la tarificación del carbono, y los encuestados sobrestimaron por término medio la carga financiera del actual precio del CO2. Calcularon que los costes ascendían a unos 400 euros al año, frente a los 190 euros reales que la fundación calculó basándose en los patrones medios de consumo de calefacción y combustible. Los encuestados también subestimaron la evolución futura de los costes del carbono.

La aceptación del precio del carbono y unos ingresos familiares más elevados estaban fuertemente correlacionados. Para aumentar la aceptación entre las personas con rentas más bajas, los autores recomendaron al Gobierno introducir un mecanismo de compensación social como la “prima climática” (Klimageld en alemán). Este mecanismo devolvería parte de los ingresos generados por el precio directamente a los hogares de rentas bajas y medias. Además, también serían necesarias inversiones en transporte público y redes de calefacción. La fundación encuestó a unas 4.800 personas entre enero y febrero de 2024.

El precio nacional del carbono en Alemania se aplica a las emisiones procedentes de la calefacción y el transporte. Actualmente es de 45 euros por tonelada equivalente de CO2, y subirá a 55 euros a principios de 2025. El propio mecanismo de fijación de precios del carbono de la UE (RCCDE) incluirá estos dos sectores a partir de 2027.

Los expertos han advertido de que Alemania necesita urgentemente un plan para hacer frente a un posible salto en los precios de los combustibles y que el actual precio nacional fijo del carbono debería subir más rápido, pero debe ir acompañado de medidas de compensación social.

Para proteger a los inquilinos de viviendas con baja eficiencia energética, el Gobierno acordó un sistema escalonado de reparto de costes, con los costes del CO2 distribuidos entre propietarios e inquilinos.