La crisis del COVID-19 ha parado el mundo durante algunos meses, calles fantasma, hospitales colapsados y oficinas vacías. Sin embargo, ante una situación tan complicada y descorazonadora, juntos hemos sido capaces de adaptarnos y encontrar soluciones casi de inmediato para continuar con nuestras vidas, pero desde las cuatro paredes de nuestras casas.
Este escenario ha demostrado que sí es posible cambiar los procedimientos, que sí se puede teletrabajar o que sí se puede hacer un examen online. Esto, si lo extrapolamos a la administración y nos lo llevamos a nuestro sector, el del autoconsumo, lo que sacamos en claro es que lo que necesita este sector en España es la voluntad de las administraciones públicas para agilizar las gestiones y fomentar la transición hacia una energía limpia.
Afortunadamente, en los últimos meses hemos visto cómo muchas instituciones comienzan a dar pasos en la dirección correcta, como la Comunidad de Madrid, que planea unirse a otras como Andalucía, Cataluña o Extremadura sustituyendo las licencias de obras por declaraciones responsables para llevar a cabo las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Pero aún queda mucho camino por recorrer, como muestra el informe “Ayuntamientos con malas prácticas en la tramitación de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico” elaborado por la Alianza por el Autoconsumo.
Este documento recoge diferentes prácticas llevadas a cabo por diferentes ayuntamientos que obstaculizan y retrasan el crecimiento del autoconsumo solar en nuestro país. Algunas de las barreras que más se repiten en los ayuntamientos son la gran cantidad de documentación requerida para realizar pequeñas instalaciones que, además, en muchos casos, no se solicita al completo desde un principio, alargando mucho más el proceso; la falta de comunicación entre los distintos departamentos de una misma administración o, incluso, ayuntamientos que requieren realizar un depósito en concepto de fianza de residuos, cuando estas instalaciones tienen en su proceso de montaje residuos mínimos, de cartón y plástico.
Además, una de las mayores dificultades administrativas se da a la hora de legalizar las instalaciones y comenzar a compensar excedentes. Algunas autonomías no han adaptado sus sistemas y están tardando hasta 6 meses en gestionar los expedientes. Una vez la administración ha procesado dichos expedientes, son las distribuidoras y comercializadoras quienes ponen dificultades a los autoconsumidores para formalizar los contratos de excedentes. Mientras algunas empresas hacen elocuentes campañas de anuncios en televisión sobre su apuesta por la sostenibilidad y la “revolución verde”, como distribuidoras siguen sin tramitar la documentación para autoconsumo en tiempo y forma, llegando incluso a cobrar a los clientes por el vertido de energía que estos producen.
Con todo esto, desde Otovo no pretendemos desalentar a nadie ni criticar la labor que se lleva a cabo desde la Administración Pública o la de agentes privados del sector, sino ayudar a comprender las necesidades de un mercado que puede llegar a convertirse en una palanca de crecimiento que nos ayude a salir de esta crisis sanitaria y económica y lograr una recuperación más verde, que acelere la transición hacia una economía más descarbonizada.
Iñigo Amoribieta es CEO de Otovo España.
Dabama
08/02/2021