Nadal intervendrá el sector eléctrico sin el apoyo del Congreso

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha avanzado su intención de regular por la vía reglamentaria el proceso de cierre de las centrales eléctricas al no haber encontrado apoyo en el resto de las fuerzas políticas para hacerlo con rango de ley.

El objetivo de esta normativa es que el eventual cierre de centrales sea ordenado y tenga en cuenta, además de la seguridad del suministro, criterios medioambientales, de flexibilidad del sistema y de precio de la energía eléctrica, ha explicado Nadal en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Nadal ha recalcado que el cierre de las centrales no puede depender únicamente de decisiones empresariales porque influye en la configuración del mix energético (reparto de la capacidad de generación entre las distintas tecnologías), una cuestión que, a su juicio, es competencia del Parlamento y del Gobierno.

El titular de Energía ha explicado que el posible cierre de centrales responde a una situación relativamente nueva porque hasta hace poco el consumo eléctrico crecía cada año y cada vez se necesitaba más potencia instalada.

Ahora, ha dicho, la demanda crece a menor ritmo que el PIB y, además, se está incorporando potencia renovable, lo que puede provocar algún exceso de capacidad.

Ante esta situación, Nadal ha mantenido contactos con el PSOE y Ciudadanos para regular el proceso de cierre de las centrales a través de una ley, pero, según ha explicado, no ha encontrado interés por su parte.

Por ello, el titular de Energía apuesta por elaborar "una regulación reglamentaria lo más amplia posible".

"Haremos lo que podamos con rango reglamentario. Este tema no puede estar sin regular", ha explicado.

Nadal ha criticado en varias ocasiones al PSOE por su negativa a elaborar un decreto ley que establezca las condiciones para el eventual cierre de centrales eléctricas.

El titular de Energía desveló su iniciativa, y el rechazo del PSOE, tras constatar el probable cierre de las centrales de carbón que Endesa tiene en Andorra (Teruel) y Compostilla (León).

Endesa sostiene que acometer las inversiones en materia medioambiental que requerirían estas centrales para seguir en funcionamiento después de 2020 las haría inviables en las condiciones regulatorias actuales.