Naturgy y Galp recurren ante la Audiencia Nacional el impuesto extraordinario a las energéticas

Naturgy, Galp España y Asfaltos Españoles han recurrido ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda que recoge el impuesto temporal extraordinario a las compañías energéticas para gravar con un 1,2% las ventas de las empresas del sector cuyos ingresos superen los 1.000 millones de euros.

Según las varias disposiciones del Departamento que dirige María Jesús Montero recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, estas tres compañías han presentado ante la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 2 de febrero que establece los modelos de declaración y pago anticipado de este gravamen temporal, recurrido también por otras empresas del sector.

De acuerdo con la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, desde mañana jueves se abre un plazo de 9 días para personarse en los autos a todos los interesados.

Naturgy, Repsol y Cepsa son las energéticas que más contribuirán a las arcas públicas este año por el impuesto extraordinario a las energéticas.

En total, Repsol, Cepsa, Naturgy, Iberdrola y Endesa tendrán que abonar este año unos 1.483 millones de euros por el tributo, que consideran "discriminatorio, injustificado y arbitrario". De esta cantidad, las tres primeras empresas aportarán el 72,5%.

En concreto, Repsol tendrá que abonar este año 450 millones de euros por dicho gravamen, que considera que no es compatible ni con la Constitución Española ni con la normativa europea, por lo que la compañía lo ha llevado ante la Audiencia Nacional.

Cepsa, por su parte, pagará por este impuesto extraordinario que grava a las empresas energéticas en función de sus ingresos de 2022 aproximadamente 325 millones de euros.

Por su parte, Naturgy pagará este año por este gravamen en torno a 150 millones de euros, cifra que ya está integrada en las previsiones de la compañía sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) para 2023.

Iberdrola, por su parte, calcula que este año pagará en torno a 200 millones de euros por este impuesto, que también ha recurrido ante los tribunales.

"Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene", indicaron desde la compañía.

De su lado, Endesa también está inmersa en la batalla judicial contra el impuesto y lo ha recurrido también ante la Audiencia Nacional por considerarlo "injustificado y discriminatorio". La compañía avanzó que los resultados de los años 2023 y 2024 se verán impactados tanto en Ebitda como en resultado ordinario neto por la nueva tasa, con una afectación de 208 millones por año.

La medida adoptada por las energéticas ante la Justicia se suma al recurso presentado por la patronal eléctrica española Aelec a mediados de febrero.

Al igual que han hecho Naturgy, Galp y Asfaltos Españoles en sus recursos, la asociación que agrupa a las principales eléctricas en España optó por recurrir directamente la orden ministerial que recogía los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas.