Una jueza de Estados Unidos ha rechazado el intento de España de bloquear a los inversores afectados por el cambio de la normativa española de la retribución de energías renovables decretado en 2013 el acceso a activos embargables.
El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Ahora, la jueza del distrito de Columbia Beryl Howell ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, en el procedimiento de ejecución del laudo arbitral del Ciadi contra el Reino de España vinculado con el caso Watkins.
Laudo definitivo
El procedimiento se encuentra en fase de ejecución tras la sentencia de septiembre de 2025, que reconoció el laudo internacional y condenó a España al pago de aproximadamente 93 millones de euros, importe que corresponde a los 77 millones de la condena original más los intereses de demora y condena en costas.
En su escrito, la jueza Howell indica que ha transcurrido un plazo razonable desde la condena sin que España haya procedido al pago ni haya aportado garantías, lo que habilita a los acreedores a iniciar medidas de embargo sobre activos del Estado español en territorio estadounidense.
La resolución avala el uso de mecanismos de localización de activos, incluyendo la emisión de notificaciones judiciales (subpoenas) a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España, en línea con el amplio alcance del proceso de descubrimiento de activos e intereses (discovery) en el derecho procesal estadounidense.
Ojo el Mundial de fútbol
Recientemente, varios de estos acreedores ya han requerido a la cadena hotelera Hilton, a Adidas y a otros proveedores de la selección española de fútbol, que participa en el Mundial que se celebra este verano, para que informen sobre su vinculación con bienes españoles.
La magistrada hace hincapié en la supuesta imposibilidad de pago derivada del derecho de la Unión Europea, así como la existencia de recursos pendientes, señalando que "ninguno" de estos factores justifica la paralización de la ejecución.
En su escrito, Howell rechaza los argumentos del Reino de España basados en la supuesta imposibilidad de pago derivada del derecho de la Unión Europea, así como la existencia de recursos pendientes, señalando que ninguno de estos factores justifica la paralización de la ejecución.
La resolución autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, de modo que se puede ejecutar a nivel y facilitar la identificación de activos en múltiples jurisdicciones.
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