Organizaciones ambientales han reclamado al Gobierno que elabore y apruebe un Real Decreto que regule las zonas de bajas emisiones que la Ley de Cambio Climático prevé como obligatorias en el año 2023 en municipios de más de 50.000 habitantes. De lo contrario, avisan de que su implantación será "un fracaso".
A su juicio, las directrices que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son "bienintencioandas" pero en la práctica "ineficaces". Así lo expresan en las alegaciones que han presentado al departamento que dirige Teresa Ribera en las que demandan un Real Decreto que incluya contenidos "mínimos obligatorios" y con criterios adaptados a las nuevas recomendaciones de calidad del aire fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fueron publicadas la semana pasada.
En concreto piden un Real Decreto que desarrolle "adecuadamente" el artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética en el marco del plazo de apertura a comentarios de las Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones que, en su opinión es un documento "meramente orientativo y de seguimiento voluntario".
Por ello, advierten de que este tendrá una utilidad práctica escasa o nula para lograr que los ayuntamientos implementen ZBE realmente eficaces.
De ese modo, reclaman que el Real Decreto incluya criterios y requisitos mínimos comunes, que sea de obligado cumplimiento para los ayuntamientos concernidos, que aseguren la eficacia de las ZBE como herramienta crucial en la reducción del CO2 del sector de la movilidad-transporte, tal y como establece claramente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como su implantación con criterios homogéneos en las ciudades.
En un comunicado conjunto, firmado por Transport & Environment, Fundación Renovables, Ecodes, Greenpeace y Ecologistas en Acción, consideran que una medida de "tanta importancia" para la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica "no puede dejarse en exclusiva a la voluntad arbitraria de la administración local".
Por ello, insisten en que hay "tiempo suficiente" para elaborar una normativa nacional de mínimos que incluya una planificación que promueva una intervención transversal ambiciosa, con objetivos a corto, medio y largo plazo. "No deberíamos ver un mosaico con diferentes Zonas de Bajas Emisiones ni unas que sean ineficaces en su cometido", alertan.
Asimismo, instan a que la regulación incluya un mecanismo de revisión al alza que permita reforzar las restricciones de acceso con el tiempo hasta conseguir llegar al nivel de emisiones cero, sin perjuicio de que la administración local opte por incorporar elementos más ambiciosos que sirvan para aumentar la incidencia positiva que motiva su establecimiento" señalan estas organizaciones.
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