El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha ordenado suspender el alza anunciada de la tarifa eléctrica, que provocó un rechazo generalizado en el país, y pidió al Parlamento aprobar una dispensa fiscal solicitada para permitir que el Estado asuma el coste sin afectar a su funcionamiento.
"En búsqueda de la tranquilidad social, que hemos mantenido en los cuatro años de Gobierno a través del diálogo y el consenso y escuchando al pueblo (...), (he) dado instrucciones (...) de suspender de inmediato los efectos del ajuste tarifario", dijo Varela en un comunicado.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) anunció la semana pasada un alza en la tarifa eléctrica del 8,4 por ciento para el 24,5 por ciento de los usuarios, es decir, para aquellos que consumen más de 300 kilovatios hora.
El ajuste provocó protestas públicas durante esta semana, así como el rechazo de gremios empresariales y de productores nacionales, y una convocatoria a paro el próximo lunes de los gremios educativos.
Entre los argumentos para el rechazo del alza de la luz está que afectará a sectores como la pequeña y mediana empresa y el comercio, lo que finalmente redundará en los precios de los bienes y servicios afectando especialmente a los más vulnerables.
Varela dijo este viernes que pidió a la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, "hacer lo necesario para que el Ejecutivo asuma los efectos del ajuste de la tarifa hasta tanto la Asamblea Nacional apruebe la dispensa fiscal", de 300 millones de dólares, "solicitada de forma responsable a los diputados".
"De no aprobarse la dispensa fiscal solicitada (...) y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste" tarifario "se verán afectadas otras áreas del funcionamiento del Estado", alertó el presidente.
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el pasado 5 de julio ante el Parlamento, de amplia mayoría opositora, un proyecto de ley para elevar el déficit para este 2018 y acceder a 300 millones de dólares para gastos de inversión.
La ministra Varela dijo este viernes que el acceso a esos 300 millones de dólares daría espacio fiscal para que el Estado tomara de ahí alrededor de 60 millones de dólares para absorber el alza de la tarifa eléctrica.
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