PDeCAT exige al Gobierno devolver los peajes eléctricos a la CNMC

El Pleno del Congreso dará 'luz verde' al decreto ley aprobado por el Gobierno para abaratar el precio de la luz, incluyendo la ampliación del bono social, aunque tramitará la norma como proyecto de ley con el fin de introducir cambios en el mismo.

El Gobierno pactó con Unidos Podemos incluso negociar de forma conjunta las enmiendas con el fin de modelar el diseño final del bono en el reciente acuerdo presupuestario, pues contemplaba distintos cambios en su diseño y en su aplicación.

Ciudadanos también exigirá su tramitación como proyecto de ley, según han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja, así como el PDeCAT, que aun así no ha confirmado su posición definitiva, entre el apoyo y la abstención, a la espera de la intervención en el Pleno de este jueves de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

PDECAT EXIGE DEVOLVER A LA CNMC LOS PEAJES

Así, según ha explicado a Europa Press el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, esperan que Ribera se comprometa a cumplir con la normativa comunitaria y devuelva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) antes de final de año la fijación de los costes de los peajes.

Un conflicto que se arrastra desde 2014 cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy desligó del superregulador estas competencias y por la que la Comisión Europea ya ha advertido a España del riesgo de la sanción, recuerdan desde la antigua Convergència.

Esquerra Republicana ha confirmado su apoyo a la convalidación y el PNV ya celebró su aprobación, tras constatar que el Gobierno modificaba en el decreto ley los cargos a diferentes tipos de potencia, una reivindicación de la formación 'jeltzale' que abarata la factura eléctrica principalmente a empresas radicadas en el País Vasco.

DEROGACIÓN DEL 'IMPUESTO AL SOL'

Con el decreto ley, el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta los supuestos en los que puede accederse a la ayuda, al incluir a familias monoparentales en función de la renta, y al restringir más los cortes de luz.

Así, se prohíben los cortes de luz en los hogares donde viva al menos una persona con una discapacidad del 33% o superior o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido en los que viva un menor de 16 años.

Sin embargo, el decreto ley incluye una serie de medidas dirigidas a combatir la escalada de precios en la electricidad, entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante seis meses, una exención del Impuesto de Hidrocarburos, la derogación del 'impuesto al sol', eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico.

LA REFORMA DEL BONO SOCIAL SE NEGOCIARÁ EN EL CONGRESO

En el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos para el apoyo del grupo confederal a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluye expresamente la negociación conjunta de enmiendas a esta ley, con el fin de introducir los cambios pactados en el bono social, que extiende todos los beneficios del bono eléctrico a otro bono del gas.

El acuerdo establece que la renta será, a partir de ahora, el único criterio de adjudicación, con las únicas excepciones de criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como el de familias monoparentales. Además, su solicitud será automática y podrán ser prestado por cualquier comercializadora, sea privada o municipal.

FINANCIADO "ÍNTEGRAMENTE" POR LAS EMPRESAS

Sin embargo, el principal cambio que recoge el acuerdo en este aspecto es que deberán ser las empresas del sector las que se encarguen de financiar "íntegramente" esta ayuda, en nivel proporcional a su volumen de facturación, según recoge el documento del pacto presupuestario.

El acuerdo también establece el principio de precaución, para que antes de un corte de suministro los servicios sociales certifiquen si se trata de un consumidor vulnerable, la cuantía se determinará en función de la renta y contará con 50 millones para garantizar la protección del consumidor.

Por último, acorta el plazo para presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a cuatro meses, un plan que deberá realizar un diagnóstico de la situación de la pobreza energética con medidas concretas de reducción en un horizonte a medio y largo plazo, y que deberá contar con la participación de partidos políticos, empresas, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

MADRID CONCENTRA UNO DE CADA DIEZ BENEFICIARIOS

Actualmente, el bono social cuenta con un total de 706.118 personas perceptoras de esta ayuda, principalmente en Madrid, ya que esta provincia concentra uno de cada diez hogares que tienen concedido el bono social eléctrico en España.

Según la distribución de beneficiarios de esta ayuda, Madrid (10,3%), Valencia (6,6%) y Barcelona (5,9%) son las provincias que más personas concentran con esta ayuda, seguidas de Alicante (4,9%), Sevilla (4,7%), Murcia (3,9%), Badajoz (3,5%) y Málaga (3,1%).

En el otro extremo se encuentran, principalmente, aquellas provincias menos pobladas --Ceuta y Melilla apenas suman el 0,1% de beneficiarios respecto al total nacional-- como Soria (0,2%) o Segovia y Teruel (0,4% ambas), pero también provincias con mayor población como Álava (0,5%), un porcentaje que también concentran Palencia, Huesca, Guadalajara y Lleida.