Piden paralizar dos plantas de hidrógeno con "impacto crítico" en una reserva de Zamora

El grupo Ecologistas Zamora ha pedido la paralización de las dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela (Zamora) a las que la Junta de Castilla y León ha concedido autorización ambiental esta semana por el incumplimiento de los plazos y por el "impacto crítico" que esas instalaciones tendrán en la reserva natural de las Lagunas de Villafáfila, en Tierra de Campos de Zamora.

La agrupación ha advertido en un comunicado de la incidencia que esas instalaciones pueden tener sobre los recursos hídricos de la comarca y de las lagunas de Villafáfila, ya que ambos proyectos cuentan con concesiones de aguas subterráneas procedentes del acuífero Villafáfila del que conjuntamente extraerán 233.911,4 metros cúbicos de agua al año, lo que supone casi 234 millones de litros.

Ecologistas Zamora ha sostenido que existen argumentos para la paralización cautelar de los proyectos y ha anunciado que solicitará esa interrupción, además de presentar un recurso de reposición contra las autorizaciones medioambientales.

A juicio de esa organización, los informes esgrimidos por la Junta para sostener que la extracción de agua no tendría efectos negativos sobre las lagunas de Villafáfila, la mayor reserva de aves de Castilla y León, no son suficientes para probar que no habrá afección sobre ese "espacio altamente protegido".

Las plantas de hidrógeno

Por ello, pedirá tener acceso a todos los estudios hidrogeológicos, ensayos de bombeo, modelos numéricos de incertidumbre y los informes preceptivos para poder analizarlos y hacerlo no solo aisladamente de cada uno de los dos proyectos de plantas de hidrógeno que se han tramitado en paralelo, sino de forma conjunta.

El grupo ecologista zamorano ha denunciado las "trabas burocráticas" por parte de la Administración autonómica a la hora de tener acceso al expediente completo de las plantas al ut8ilizar "maniobras formalistas" para su entrega, como la exigencia del uso exclusivo de un formulario normalizado.

La petición de información de Ecologistas Zamora ha venido motivada porque la propia Junta de Castilla y León reconoce en su resolución la vulneración del plazo máximo de seis meses que fija la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para resolver y notificar la autorización ambiental.

Al respecto, la Administración autonómica justificó la demora a "la solicitud de informes preceptivos y determinantes, así como de los requerimientos de subsanación y aportación de documentos practicados durante la instrucción del expediente", pero, según los ecologistas, se desconoce de qué informes se trata, si fueron publicados y cómo y qué fecha determinó jurídicamente la Junta para reiniciar el cómputo del plazo de seis meses.

El colectivo quiere verificar la trazabilidad completa del procedimiento al sospechar que la Junta ha podido vulnerar el plazo máximo legal de seis meses de instrucción mediante "suspensiones genéricas" por solicitudes de informes, sin haber cumplido con la obligación legal de comunicar individualmente dichas interrupciones a las partes interesadas.