El secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha sostenido que es "inadmisible" que la conocida como pobreza energética "exista en uno de los países más ricos de Europa", como España, donde existen "abusos tarifarios" de las eléctricas que desembocan en los "beneficios más altos".
Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos han celebrado hoy en el municipio segoviano de La Granja una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética.
Momentos después de concluir el encuentro interno, Mayoral ha asegurado a los medios que "los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos".
En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que "se sigue violando" la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada.
En este sentido, ha subrayado que "no sirve de nada una moción" y ha exigido medidas legislativas que "garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente".
Acompañado por el diputado de Podemos por Tenerife, Alberto Rodríguez, y por la diputada por León, Ana Marcello, Mayoral ha reiterado que "es posible conseguir que las cosas cambien desde la movilización popular y los procesos de empoderamiento social"
Además, ha definido la reciente subida de impuestos aprobada en el Congreso como "un paso más para la triple alianza" ya que -en su opinión- demuestra que "el PSOE va a ser el soporte para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para los presupuestos del PP, sus ajustes y sus recortes".
Las declaraciones de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre la posibilidad de que los jubilados sigan trabajando ha sido otro de los asuntos más criticados por Mayoral, quien ha advertido de que "habiendo millones de personas privadas del derecho al trabajo o sufriendo precariedad esta propuesta es un insulto a la sociedad".
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