El PSOE ha recabado en el Pleno del Congreso el apoyo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Foro Asturias para sacar adelante su proposición de ley para extender el bono social eléctrico a los consumidores de gas.
En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, ha criticado que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67% y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada.
Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, "el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades".
Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en tres meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. "Han pasado diez meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular", ha lamentado.
APOYO CON CRÍTICAS DE UNIDOS PODEMOS Y ERC
Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde los representantes de Unidos Podemos y Esquerra. Así, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha cargado con que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera "un cheque en blanco" y "absolutamente cómoda para el PP".
"No es una cuestión técnica, es una cuestión social. No sé cómo se fían cuando todos los ayuntamientos del cambio han presentado alegaciones, cuando llevamos diez meses sin reglamento, ni cómo no son capaces de entender que el suministro es un bien esencial", ha aseverado.
En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abonar el bono social, tal y como prometió el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y ha pedido "intervenir en el precio de la energía sin cortarse". "O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales", ha remachado.
Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana, ha lamentado que la propuesta se quede "muy lejos" de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos.
ALUSIONES A LEGISLACIONES TERRITORIALES
"Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el 'Sí' en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo mínima dignidad a víctimas de sus políticas energéticas y sociales", ha dicho.
Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de "razonable dotar de amparo legislativa a familias que están sumidas en la pobreza energética".
Más lejos se han situado PNV, Ciudadanos y PP, que no han garantizado su apoyo a la propuesta del PSOE. Primero, Idoia Sagastizabal, del PNV, ha rechazado que se apueste por "parches", y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones.
"Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás", ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.
CS DICE QUE YA LO PROPUSO Y EL PP PIDE NO ENDEUDARSE
Por parte de Ciudadanos, su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha afeado al PSOE que presente una iniciativa ya aprobada a instancias de su formación en la Cámara, y ha recordado que Ciudadanos ya propuso la inclusión del gas en el bono social.
"Ni al PP ni al PSOE les interesó", ha dicho Rodríguez, que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en "propaganda política".
Por último, el 'popular' Guillermo Mariscal ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los "graves errores técnicos" de los que, a su juicio, adolece la ley. Además, ha dirigido sus críticas también a la portavoz de En Marea, diciendo que repartir la financiación entre las compañías en función del número de clientes implicaría, de facto, devolver a dos compañías 50 millones de euros.
Por ello, ha llamado a evitar "medidas de este tipo buscando únicamente el populismo" y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva "en el ADN". "Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro", ha aseverado.
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