Polonia 'pasa' de la directiva europea de mercado eléctrico y convoca subastas de capacidad para sus térmicas de carbón

Mientras la Directiva europea de Diseño de Mercado Eléctrico se está negociando entre Parlamento, Comisión y Consejo Europeo, Polonia se ha anticipado a las decisiones que se tomen respecto a los mecanismos de capacidad y ha convocado subastas para subvencionar 17 GW de centrales térmicas de carbón hasta 2035, lo que supone que podría contravenir la normativa europea si no se aprueba bajo esos términos.

Uno de los escollos de esta directiva es precisamente fijar cuáles son los límites para concurrir a los mecanismos de capacidad. Su reforma y las nuevas reglas están entrando en el tramo final a falta de dos reuniones de negociación más. La próxima será este 5 de diciembre. Tanto Comisión Europea como Parlamento proponen limitar las ayudas a las centrales térmicas de carbón que emitan más de 550 gramos de CO2 por kWh, que es como decir prácticamente todas. Pero hay más. También se tiene que decidir si ese límite entra en funcionamiento en 2025 o en 2035, y esta última es la que quiere Polonia y otros países.

Y son tantos que de hecho la posición actual del Consejo es retrasar la aplicación de esta "regla 550" hasta 2035.

Pero antes de que se pongan de acuerdo en los trílogos, Polonia ha decidido de manera unilateral convocar una subasta de capacidad con fecha 2035 en la que pueden concurrir centrales térmicas de carbón y lignito. Son 17 GW de potencia que han conseguido ayudas millonarias.

"Es necesario que Europa apruebe ya la directiva y que se fijen los límites propuestos por el Parlamento y la Comisión Europea y de manera retroactiva, no solo para las centrales de nueva construcción", explica Florent Marcellesi, eurodiputado por EQUO en el grupo de Los Verdes/ALE y ponente en esta directiva, "se tienen que dejar de subvencionar las centrales más contaminantes, hay que poner el límite de emisiones en los 550 gr de CO2/kWh, sin olvidar que los mecanismos de capacidad se deben considerar medidas transitorias”.

Los mecanismos de capacidad, que supuestamente pretenden garantizar el suministro en caso de que se necesite energía adicional, se han extendido por toda la Unión Europea y se han convertido en la mayor fuente de ayudas para las centrales eléctricas, sumando casi 58.000 millones de euros que terminan en las facturas eléctricas de los ciudadanos europeos. Las centrales eléctricas de carbón reciben la gran mayoría de estos subsidios públicos.

Pero no siempre cumplen con su función. Por ejemplo, en Bulgaria, los consumidores han financiado de su bolsillo 96 millones de euros desde 2013 en mecanismos de capacidad. Sin embargo, durante el invierno de 2017, las térmicas de carbón a las que se las pagaba para asegurar el suministro eléctrico en caso de emergencia fallaron porque el agua necesaria para enfriar las plantas estaba congelada. Esta circunstancia provocó que se estuviera bastante cerca de haber apagones no solo en Bulgaria, sino en todo el sureste de Europa.

En el caso de Polonia, se estima que estas ayudas les costará a los contribuyentes polacos unos 14.000 millones de euros hasta el año 2030. La gran mayoría de esta suma se utilizará para las extensiones de vida de las plantas de carbón existentes, pero también para centrales nuevas.

De hecho, en Polonia hay un plan en el que se pretende firmar un contrato para ayudas durante 15 años y construir una nueva central de carbón de 1GW llamada Ostroleka C. Una propuesta que ya tiene luz verde a pesar de la falta de rentabilidad demostrada de la inversión que se proyecta, es decir, unos 1.700 millones de euros en pérdidas.

Y mientras unos países se enquistan con el carbón, Francia abre la posibilidad de participar en sus mercados de capacidad a las interconexiones con otros países. Según cuenta la Agencia Montel, el operador del sistema (RTE) ha presentado un documento para consulta pública con la normativa sobre mecanismos de capacidad que ya aprobó el país galo en 2016 y que preveía la participación de las interconexiones transfronterizas y de las centrales eléctricas extranjeras a partir del 1 de enero de 2019.