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Si en los consejos europeos de ministros de energía el Gobierno expresó su oposición a las nuevas directivas del “paquete de invierno”, ahora ha presentado su propuesta de reforma del euro cambiando su anterior posición, más ambiciosa, por un alineamiento con los austericidas de Alemania, Holanda y los países nórdicos.

Es oportuno recordar que la recesión de 2008 comenzó con la escalada de precios del petróleo que desencadenó la subida de tipos y la ruina de las hipotecas basura. Pocos cambios se han realizado en nuestra política económica y energética para pensar que ahora estamos mejor preparados que entonces. La posición de España, cada vez más euroescéptica, frente a las propuestas de la Comisión Europea sobre energía, clima y la reforma del euro, representa un riesgo de inadaptación ante una futura crisis o ante la variabilidad climática.

Las directivas del “paquete de invierno”, presentadas en 2016 bajo el título “Energía limpia para todos los europeos”, representan una política anticíclica frente a la amenaza que para Europa representa la elevada factura de las importaciones energéticas, los altos precios de la energía y los impactos de las emisiones de CO2. Fortalecer la seguridad energética con más renovables, eficiencia energética, generación distribuida y gestión de la demanda es una apuesta por otro modelo de economía que exige un cambio de modelo energético. El “paquete de invierno” lo define como el derecho de cada ciudadano a generar, almacenar, usar y vender su propia energía renovable en condiciones justas.

Las nuevas tecnologías inteligentes de generación y eficiencia energética están desplazando en todo el mundo a los combustibles fósiles y la energía nuclear. Son un factor de innovación y empleo que impulsa un nuevo complejo tecnológico e industrial, con alianzas empresariales transversales que conforman el nuevo liderazgo mundial. Y la UE no quiere perder el tren de ese liderazgo; por eso, el proyecto de “Energía limpia para todos los europeos” no deja ninguna duda de que se trata de una transición limpia, sin emisiones, a las renovables.

En los próximos meses se va a acordar entre las instituciones europeas (Parlamento, Comisión y Consejo) el texto definitivo de las nuevas directivas de renovables, eficiencia energética, edificios y mercado eléctrico que definen un modelo de gestión de la demanda, a través de la participación del consumidor en el mercado eléctrico. Se trata de la transición de un modelo energético centralizado a otro descentralizado. Las resistencias a este cambio son muy fuertes y hay razones para temer que quede reducido a meros objetivos indicativos:

  1. La nueva coalición de gobierno en Alemania ha agrandado las diferencias para reformar la Unión Europea entre A. Merkel y la Francia de Macrón. La consecuencia puede derivar en una Europa a distintas velocidades, también en energía y clima.
  2. Las diferencias sobre la reforma del euro bloquean las medidas para proteger a Europa de los riesgos de una nueva crisis de la deuda, anunciada por el FMI. En la UE crecerá la tensión entre el norte y el sur y la dependencia energética será un factor determinante, sobre todo para los países que no la hayan reducido.
  3. Un aumento del euroescepticismo en las próximas elecciones europeas provocará una mayor debilidad de las instituciones comunitarias y en aquellos países, como España, que sufran la misma debilidad institucional se acentuará la tendencia a renacionalizar las políticas europeas, como la energética, en detrimento de las directivas y los objetivos vinculantes.
  4. En el marco estratégico de la Unión de la Energía, aprobado en 2015, cada Estado miembro tiene libertad para decidir su mix energético. Para los objetivos de descarbonización de la economía, que promueven las nuevas directivas, una gobernanza como esta puede convertirlas en papel mojado para muchos gobiernos.
  5. La apuesta decidida de las directivas por el autoconsumo, renovables distribuidas, microrredes, baterías de almacenamiento, movilidad eléctrica, edificios autosuficientes o calefacción renovable se contradice con la intención expresada en el marco de la Unión de la Energía de reforzar el gas en el mix europeo a través de una mayor dependencia del gas ruso y de Azerbaiyán, que aumentará los costes energéticos y las emisiones.

En el caso de España, la falta de una estrategia climática, sobre recursos como el agua, renovables o de I+D hará muy difícil el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Acuerdo de París, que continuarán dependiendo de la lluvia y del viento; mientras crece la dependencia del gas, del petróleo y del carbón, con sus costes y emisiones.

La desconfianza hacia las renovables y el almacenamiento aparece en el informe de la Comisión de Expertos al considerar que será difícil alcanzar un 27% de renovables en 2030 e imposible el 35%, aprobado por el Parlamento Europeo. Es lo mismo que se decía de las renovables en 2005, que la realidad ha desmentido con creces.

La competitividad de las renovables hoy no conoce límites; por eso no tiene perdón dejar a España fuera del mayor desarrollo renovable que se está produciendo en el mundo, como es la eólica marina, o la termosolar, de la que tenemos las patentes, o la biomasa, la bioenergía o la geotermia, con sobrados recursos; por el contrario, se apuesta por el gas sin justificar su demanda ni el coste para los consumidores de la sobrecapacidad gasista.

Las directivas del “paquete de invierno” proponen abrir la competencia en sectores como las infraestructuras de recarga, las baterías de almacenamiento o los agregadores de demanda. Aquí la batalla ya está planteada en las ciudades, como demuestra el concurso de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Madrid, que tienen el respaldo de las directivas europeas.

Todo lo que se ha avanzado en renovables y eficiencia se debe a las directivas europeas. Lo que plantean las nuevas directivas es la combinación de renovables y gestión inteligente de la demanda para eliminar las emisiones. “Es decisivo que los acuerdos adoptados por el Parlamento Europeo sobre el “paquete de invierno” no se desvirtúen en la negociación con el Consejo. Es una decisión exclusivamente política para acabar con la negación de los impactos de la dependencia energética y del cambio climático en la política económica y energética”.

Javier García Breva es Asesor en políticas energéticas, presidente de N2E y Miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.

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