El primer ministro de Portugal, António Costa, ha confirmado que reunirá este lunes a su Consejo de Ministros con el fin de proponer la declaración, a partir de la medianoche, del final de la crisis energética declarada en el país luso una vez que los transportistas de mercancías peligrosas han dado por concluida la huelga que mantenían desde el pasado 12 de agosto y que había causado problemas de abastecimiento de combustible en Portugal, llevando al Gobierno a recurrir al Ejército para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos.
"Llevará de dos a tres días tener una normalidad de suministro completa", ha reconocido Costa en declaraciones ante los medios durante una visita a la Entidad Nacional del Sector Energético (ENSE), donde ha destacado la normalidad de la jornada de este lunes, después de que el sindicato de transportistas de mercancías peligrosas de Portugal desconvocara ayer la huelga iniciada el pasado lunes.
"Estamos en condiciones de convocar al Consejo de Ministros para proponer el final de la declaración de crisis energética a las 24 horas de hoy, lo que significa que todas las estaciones podrán comenzar a vender combustible a los consumidores en general, así como aumentar a 25 el límite de litros que se puede vender en la red durante todo el día de hoy", ha señalado Costa.
El primer ministro portugués se mostró satisfecho con la decisión de los transportistas de mercancías peligrosas de poner fin al paro que mantenían desde la semana pasada, y expresó su deseo de que el Sindicato de Transportistas de Mercancías Peligrosas (Snmmp) y la Asociación de Empresas de Distribución (Antram) puedan llegar a un acuerdo en las negociaciones que retomarán este martes sobre el convenio colectivo.
El sindicato de transportistas de mercancías peligrosas amenazó con incumplir los servicios mínimos fijados por el Gobierno, que en algunos casos considerados prioritarios, como aeropuertos, llegaban al 100%, lo que llevó al Ejecutivo de António Costa a decretar un día después del comienzo de la huelga el pasado 12 de agosto la "requisición civil", que permitía a policías y militares conducir los camiones de mercancías peligrosas para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos fijados.
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