El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha movilizado a militares y agentes de seguridad para transportar combustible, después de comprobar el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los transportistas en su primer día de huelga.
El primer ministro anunció la decisión tras haber observado "una nueva realidad" durante la tarde, en la que dejaron de cumplirse abastecimientos esenciales.
Sin embargo, precisó que esta decisión no implica una intervención ante la huelga, algo que se decidirá al final del día en un Consejo de Ministros extraordinario con la última información disponible.
La posibilidad de intervenir la huelga ha rondado desde el principio de la jornada, cuando el portavoz de los transportistas, Pedro Pardal Henriques, prometía el incumplimiento de los servicios mínimos, la línea roja que sabía desencadenaría la intervención.
La promesa, lanzada por el "sabotaje" que denunciaron haber sufrido en los primeros repartos del día, fue rápidamente recogida por la patronal del sector, Antram, que ha solicitado con carácter "urgente" la intervención legal por parte del Gobierno a través de la "requisición civil".
La requisición es el instrumento límite para el Ejecutivo, porque no implica sacar a militares a que efetúen los repartos, sino que les permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar los servicios básicos.
Si estos se niegan, pueden afrontar incluso la pena de cárcel.
Costa rechazó en un primer momento esta posibilidad, aunque por la tarde, tras reunirse con el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, moduló su discurso e instó a esperar al Consejo de Ministros ante la "nueva realidad" vista en las últimas horas.
Se refería así a los incumplimientos que, ha dicho, se han registrado en las últimas horas, y que el Ejecutivo sigue atento.
Mientras la decisión llega, previsiblemente ya durante la noche, la huelga deja 520 gasolineras del país desabastecidas, lo que supone un 17 % de la red nacional.
Las previsiones se han confirmado y los mayores problemas se concentran en la turística región del Algarve (sur) y a lo largo del litoral luso, de mayor afluencia en agosto por el periodo vacacional.
Al margen de estos incidentes, la situación es de tranquilidad en gran medida por los elevados servicios mínimos fijados por el Gobierno, de entre el 50 y el 100 %.
Deseoso de evitar el caos que vivió Portugal durante la anterior huelga de transportistas el pasado abril, cuando los aviones tuvieron que repostar en España y arreciaron las críticas por falta de previsión, el primer ministro ha desplegado una prudencia que pretende subrayar su control a apenas dos meses de las elecciones.
Así se ha interpretado que haya fijado servicios mínimos del 100 % para aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas, de 75 % para el transporte público y del 50 % para el suministro de ciudadanos.
Unas cifras que han evitado que se trastoquen las vidas de los ciudadanos, más proclives ya al hartazgo que a la preocupación después de esperar durante más de 15 días una huelga que ha centrado la agenda informativa del verano en el país.
La huelga de los transportistas se convocó en protesta por el incumplimiento que denuncian ha ejercido la patronal del sector, Antram, del acuerdo firmado hace cuatro meses para incrementar los salarios de los trabajadores.
Su protesta es por tiempo indefinido, por lo que, si no se desconvoca, la situación de emergencia energética que rige en Portugal se extenderá al menos hasta el próximo día 21, según decretó el Ejecutivo.
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