El Congreso de los Diputados ya ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la financiación del bono social, así como diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables, gracias a los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.
Ahora, el siguiente paso es la elaboración de un reglamento que defina las categorías de consumidores vulnerables a los que se podrán aplicar diferentes niveles de descuento. Para ello, Álvaro Nadal pidió a los grupos parlamentarios el pasado 17 de enero que le enviaran sus propuestas para elaborar una definición conjunta sobre lo qué es un consumidor vulnerable en un plazo de 15 días.
Como señaló el ministro, todos los partidos estaban de acuerdo en usar el criterio de renta para determinar qué hogares se consideran vulnerables, así que solo faltaba conocer dónde se ponía el umbral.
Pero desde que PP y PSOE firmaran el pacto para paliar la pobreza energética, el 20 de diciembre, solo dos partidos han hecho los deberes, 'los otros', Ciudadanos y Unidos Podemos, (aunque este último lo ha hecho con un documento elaborado por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético).
Ambos partidos políticos han utilizado como referencia el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, empleado para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros, pero también han valorado otros aspectos de la situación socioeconómica de cada hogar.
Por un lado, Ciudadanos diferencia entre consumidores vulnerables y aquellos hogares con supuestos socioeconómicos de especial protección. Para pertenecer a este grupo se valora tener por ejemplo, al menos, un menor a cargo menor de 3 años, o la condición de familia numerosa, también si alguno de los miembros tiene más de 60 años y es pensionista por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente o si hay miembros con discapacidad de más del 33% o si acredita la condición de víctima de violencia de género.
Por su parte, Unidos Podemos calcula las ayudas en función del número de miembros en el hogar, y aumenta el IPREM en 0,25 veces por cada persona adicional que viva en el domicilio. Además, también considera hogares en situación de vulnerabilidad severa aquellos en los que haya alguna persona en situación de gran dependencia, mayor de 80 años, discapacidad del 75% o que por motivos de salud requieran un consumo elevado de energía, y cuyos ingresos no superen los límites establecidos para los casos de vulnerabilidad, así como aquellos casos en que, superando dichos límites, sean establecidos por los servicios sociales competentes, las autoridades públicas competentes o por quien ellas deleguen.
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