Eléctricas

PwC: la nueva propuesta de retribución a las redes podría derivar en una peor calidad del suministro

La consultora alerta de que el nuevo parámetro de sostenibilidad “K”, que fija la retribución por nuevas inversiones en función del incremento de potencia conectada, se sitúa en 232 €/kW, un 38% por debajo del coste medio de red actual

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La nueva propuesta de metodología para la retribución de la distribución eléctrica presentada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podría, según la consultora PwC, tener efectos negativos en la calidad del suministro eléctrico en España y frenar el avance de la electrificación prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En un informe de análisis sobre la segunda audiencia pública de la CNMC, PwC señala que, aunque se han introducido mejoras respecto a la primera versión —como el reconocimiento de inversiones en digitalización, automatización y protección de avifauna—, el modelo mantiene limitaciones estructurales que podrían desincentivar la inversión en redes eléctricas y afectar al mantenimiento de las infraestructuras.

Diferencias metodológicas

La consultora alerta de que el nuevo parámetro de sostenibilidad “K”, que fija la retribución por nuevas inversiones en función del incremento de potencia conectada, se sitúa en 232 €/kW, un 38% por debajo del coste medio de red actual (estimado en 375 €/kW). Según PwC, esta diferencia puede impedir la ejecución de proyectos estratégicos y restringir la conexión de nuevas industrias, desarrollos residenciales o infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, especialmente en zonas donde la red ya se encuentra saturada.

“Este parámetro introduce un riesgo en la recuperación de inversiones y limita la coherencia entre el modelo de la CNMC y el proyecto de Real Decreto del MITECO, que busca precisamente impulsar la inversión en redes y acelerar la electrificación”, subraya el documento.

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Además, PwC advierte de que las diferencias metodológicas entre ambos organismos —CNMC y MITECO— sobre cómo medir el crecimiento de la demanda pueden provocar desajustes y ralentizar la ejecución de los planes de inversión aprobados, afectando al desarrollo económico local y a la conexión de nueva demanda industrial y residencial.

Recorte en los costes

Uno de los puntos más críticos señalados por PwC es el recorte del 38% en los costes reconocidos a las distribuidoras (un 25% de reducción en costes operativos y un 13% adicional por no reconocer la inflación). Este ajuste, sostiene la firma, enviará “una señal de desinversión” que podría traducirse en un menor gasto en mantenimiento preventivo y, en consecuencia, en una degradación de la calidad del suministro eléctrico.

El informe advierte de que “considerar costes a pasado y no a futuro” podría llevar a no cubrir los gastos reales de operación, desincentivando la eficiencia y reduciendo la capacidad de innovación de las empresas distribuidoras. “Un recorte tan abrupto altera la lógica operativa de las infraestructuras y pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio”, indica PwC, que también destaca que no existen precedentes internacionales de un ajuste de esta magnitud.

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PwC considera que el modelo propuesto por la CNMC, al desvincular parcialmente la retribución de los objetivos de planificación estatal, podría obstaculizar la ejecución de las inversiones necesarias para cumplir con el PNIEC. España deberá destinar cerca de 53.000 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030, lo que implica triplicar el ritmo inversor actual, según las estimaciones recogidas en el informe.

Coherencia

Por ello, la consultora insta a que el modelo retributivo final sea coherente con la política energética nacional y contemple ajustes como la actualización del parámetro K en función de la inflación, la eliminación del recorte abrupto del OPEX y la implantación de una reducción gradual y predecible de costes reconocidos.

En sus conclusiones, PwC subraya la necesidad de un marco regulatorio “estable, predecible y atractivo” que garantice la seguridad de las inversiones en redes eléctricas, esenciales para la electrificación y la competitividad industrial del país. “La descoordinación entre reguladores y la falta de incentivos adecuados podría poner en riesgo la capacidad de España para cumplir sus metas de transición energética y sostenibilidad”, concluye el informe.

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