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Pese al gran esfuerzo de entendimiento que ha habido por parte de los expertos de la Comisión, el resultado del informe no muestra el gran consenso que inicialmente se quiso alcanzar. Como prueba de ello aparecen las tres abstenciones de votos particulares del grupo de 14 expertos (un 20% de disenso), especialmente significativas si se tiene en cuenta que existía una gran presión para que el informe viera la luz lo antes posible con el mayor consenso que se pudiera alcanzar, para dar una imagen de unidad de criterio.

Esta falta de consenso se hace más patente si consideramos las premisas con las que se creó la Comisión de Expertos. No se querían opiniones ni una propuesta de legislación concreta: el objetivo era definir un abanico de opciones viables para alcanzar los objetivos de energía y clima a los que España se ha comprometido que impliquen el menor coste posible, aplicando una metodología de trabajo analítica. Con estas limitaciones en el enfoque, por lo tanto, se pretendía tener un resultado objetivo, que no implicase alcanzar un consenso entre los expertos.

Por otro lado, es inevitable rendirse ante la evidencia: la forma más fácil, rápida y económica de descarbonizar la economía es apostando por las energías renovables. Y la tecnología que va a tener más peso es la fotovoltaica, por su versatilidad, su poca complejidad tecnológica, su recurso y su reducción de costes. Si no se hubiera incluido en la metodología del informe la condición sine qua non de menor coste posible, y si se hubieran considerado otras condiciones como mayor número de empleos a 2030, o menor coste para el sistema de salud pública, o menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, hubiera habido sitio para hacer un mix renovable más equilibrado tecnológicamente, donde probablemente no hubieran cabido resultados de incremento de interconexiones con su coste añadido, o de fomento de la infraestructura gasista.

Aun así, el futuro al que nos dirigimos, o más bien al que volvemos después de probar la economía basada en combustibles fósiles, es renovable. El informe de la Comisión de Expertos también advierte de que si no reducimos la demanda de energía, construimos nuestras casas de forma más eficiente, fomentamos el transporte público y la movilidad sostenible, no llegaremos a cumplir con los objetivos de emisiones.

El informe tiene también puntos muy interesantes, conceptos que, pese a que los conocemos desde hace mucho, necesitan ser asimilados por todo el sector para que se incorporen lo antes posible al vocabulario de todos:

  • Necesitamos señales de precios para hacer gestión de la demanda. Las tarifas deben ser más dinámicas en función de las redes y de lo que cueste generar la energía en un momento determinado.
  • El autoconsumo fomenta la competitividad de las pequeñas empresas permitiendo que ahorren costes. Además, su tramitación administrativa y sus obligaciones técnicas deben adecuarse a la magnitud de los proyectos. Es decir, ambos deben simplificarse para los proyectos de autoconsumo fotovoltaico.
  • Necesitamos desarrollar la figura de los agregadores independientes. Esta figura ayudará a sacar todo el potencial de la generación distribuida y sin ellos la transición energética se quedará coja.
  • Necesitamos una reforma fiscal bajo el principio de “el que contamina, paga”.
  • Necesitamos que otros sectores energéticos participen en la transición y asuman su responsabilidad en ella, como el transporte o la edificación.
  • Necesitamos mejorar el funcionamiento del mercado y dotarlo de reglas seguras y transparentes para fomentar inversiones a largo plazo de renovables, dotarlo de la flexibilidad necesaria para que estas formas de energía tengan una remuneración estable en el tiempo y que participen en los servicios de ajuste del sistema.
  • Necesitamos una plataforma de datos neutra e independiente para alimentar las redes inteligentes.
  • Necesitamos poner el foco de atención en la construcción de nuestras viviendas y en su rehabilitación, tanto en aumentar su ahorro energético como su eficiencia energética a través de, entre otras, generación renovable in-situ.

Y, sobre todo, necesitamos que el Gobierno dé señales claras de que este ejercicio ha merecido el esfuerzo, pese a ser imperfecto, y muestre iniciativa para legislar de manera proactiva, sin esperar a la regulación que salga del Paquete de Invierno, o a que la Comisión les obligue a hacer un plan nacional de energía y clima. En definitiva, que le dé la importancia que tiene. La transformación energética es una oportunidad estratégica para modernizar el país, no una gestión burocrática a la que nos obliga Europa.

Por último, no puedo dejar de abordar el tema de género en la formación de la Comisión, pese a que también ha sido discutido ampliamente. Resulta que el presidente de la Comisión afirma que él no se ha fijado en el género, solo en las competencias técnicas de los expertos. Es cierto que él no escogió a los expertos, pero esto me lleva a dos reflexiones.

Por una parte, ¿qué hubiera pasado si en vez de 14 expertos hubiéramos tenido 14 expertas? ¿Hubiéramos aceptado tan de buena gana los resultados y el nivel de profesionalidad y calidad del informe? ¿O pensar en un informe del sector energético redactado sólo por mujeres es ciencia ficción? Pensando en cómo fueron elegidos los expertos, resulta cuanto menos chocante que a ningún grupo parlamentario ni cuanto menos al gobierno que podía designar a más integrantes de la Comisión se le pasara por la cabeza nombrar a una mujer por ser la que mejor capacidades técnicas tenía. Por eso sería necesario que los mecanismos que se proponen para crear este tipo de comisiones garanticen desde un primer momento que la sociedad está bien representada y que el trabajo a realizar va a incluir todos los puntos de vista para que sea una tarea completa.

Por otro lado, también podríamos preguntarnos si es solo la capacidad técnica lo único importante a la hora de llevar a cabo un trabajo de estas dimensiones. Lo más importante, seguro. Pero se ha echado de menos una Comisión más diversa en todos los sentidos, un grupo de personas de diferentes procedencias, edades, géneros, a quienes se les hubiera dotado de los instrumentos para pensar en cómo la energía afecta a la sociedad y cómo mejorar su impacto en ella. Al no haber mayor diversidad, se excluye otro tipo de capacidades técnicas que derivan precisamente de otras realidades y visiones.

Aida González, responsable de Política Energética de UNEF.

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