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En el año 2010, tras una lucha titánica con Alemania al frente, acompañada de sus aliados carboneros, España, Polonia y Rumania, consiguieron  extender las ayudas a la extracción de carbón hasta el 2018, cuatro años más que los propuestos inicialmente. Estas ayudas seguían estando vinculadas a un plan de cierre de las explotaciones y establecían una reducción paulatina de las subvenciones al sector a partir de 2013.

Lamentablemente, en España esas ayudas se dieron a entender como una licencia para seguir contaminando. Así por ejemplo, se aprobó un Real Decreto que favorecía a las eléctricas que quemaran carbón nacional mediante mecanismos de apoyo similares a los que apoyaban las energías renovables. Estos mecanismos, que tenían como objetivo la garantía de suministro, ya eran difícilmente justificables en un país como el nuestro que cuenta con un sistema eléctrico con una capacidad excedentaria de alrededor del 30%, y aun así se llevaron a cabo, con la condición de que no serían prorrogables después de 2014. También se aprobó un marco de actuación de la minería 2013-2018, negociado con gobiernos y sindicatos, que lejos estaba de cumplir la normativa comunitaria.

A día de hoy, el principal problema sigue siendo que los sectores implicados en la extracción y quema del carbón no han querido entender que el carbón es una energía del pasado. El carbón es una enorme fuente de contaminación, tanto su extracción, como su quema produce grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero provocando calentamiento global y otras emisiones contaminates que se prodecen en las térmicas y que viajan por la atmósfera con efectos muy nocivos y costosos para nuestra salud. Seguir apostando por el carbón es una absoluta irresponsabilidad y una falta de valentía y transparencia que hace un flaquísimo favor a las regiones mineras y genera engaño, rabia y frustración.

Son terribles los términos que se escuchan tipo “térmica de interés general” y ”reserva estratégica de carbón”. No sé en qué parte de la historia nos hemos perdido en España para seguir sintiendo al carbón como un salvador. Mientras, los grupos científicos, las agencias técnicas internacionales y las negociaciones climáticas comunitarias e internacionales tienen claro que los combustibles fósiles son los responsables del cambio climático y de daños valorados en miles de millones de euros.

Paralizada me quedo cuando oigo a los empresarios de carbón imputados por posibles fraudes en las ayudas, exponer tranquilamente cómo son necesarias más ayudas para seguir quemando su carbón. ¿Por quien levantan ahora el puño los trabajadores del carbón? ¿a quién están defendiendo los partidos que dicen apostar por políticas sociales y de cambio?

El avance de la ciencia y de la tecnología ha permitido que las energías renovables estén creciendo rápidamente y sean mucho más baratas, estando ya listas para competir con las energías convencionales. Un suministro mundial de energía renovable ya no es ciencia-ficción, sino un trabajo en marcha que tenemos que asumir y hacer nuestro con voluntad política, social y sindical diciendo basta a las subvenciones a los combustibles fósiles y concretando un plan con fecha de cierre para las térmicas de carbón en España, en el año 2025, que incluya un plan para la transformación justa para todos los trabajadores del sector del carbón que por normativa europea verán las minas cerradas en 2018.

Ningún pacto de Estado que promueva el uso de cualquier tipo de carbón, ni las subvenciones para que las grandes eléctricas (beneficiarias de miles de millones de euros) puedan seguir quemando combustibles fósiles estarían respetando las leyes climáticas internacionales ni las normativas europeas sobre ayudas de Estado, además de que estarían dando la espalda al cuidado de nuestra salud y a un país más ecológico y social.

Mucho nos falta por madurar todavía si no nos hemos dado cuenta de que a estas alturas del Antropoceno, las grandes luchas por la conquista de derechos sociales deben incluir necesariamente los derechos ambientales para beneficio de toda la sociedad. Debemos trabajar juntos para impulsar esa transición justa para un futuro sin carbón.

Tatiana Nuño es responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

@t_nunho

2 comentarios

  • Dabama

    21/09/2016

    Un problema añadido es que la nueva política ha heredado el vicio de la antigua, y los partidos en cada sitio (o según días) dicen cosas distintas.
  • Lola

    22/09/2016

    El problema viene de lejos y cada vez que a alguien se le ocurre decir que se van a cerrar las minas los mineros apoyados por los de la ceja se echan a la calle y la mota parda. Claro que por otra parte una se pone a pensar donde están situadas esas minas y cuanta gente vive de ellas ta que no hay nada más para sobrevivir, no hay industria no hay fábricas no hay nada tierras áridas y frías yo me pregunto eso tampoco es justo en una España solidaria la industria tendría que estar más repartida no sol en dos comunidades autónomas y que siempre quieren más teniéndolo todo , pero que tienen los habitante de Leon por ejemplo nada solo se sustentan con las minas , yo sin tantos tecnicismos estoy encontrá del carbón y encima subvencionado que se haga un plan nacional de reparto de la industria y las inversiones extranjeras que las hagan en zonas deprimidas donde los pueblos puedan crecer al mismo ritmo

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