Mientras leyes como la de la minoración del CO2 o el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico siguen inexplicablemente encalladas en el Congreso, ya tenemos aquí otro extenso Real Decreto-Ley de energía. 152 páginas, para ser exactos. Una batería de medidas tendentes, entre otras cosas, a atajar el incremento de precios ocasionado por la invasión de Ucrania, pendiente final de una montaña rusa de precios de los combustibles fósiles que iba subiendo desde octubre de 2021. Pero no solo. Además de las que pretenden conseguir un alivio temporal, el Real Decreto-Ley contiene algunas medidas decididas tendentes a cambiar el mix energético.
Lo urgente: bajar la factura
Lo primero, previsto y efectivo, es el mantenimiento de las rebajas fiscales. El IVA de los clientes domésticos se mantiene al 10%, sigue suspendido el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el Impuesto Especial de la Electricidad se mantendrá en mínimos legales. Los tres, al menos, hasta finales de junio. Asimismo, se emplean 225 MM EUR para reducir los peajes de los consumidores electro intensivos y 125 MM EUR para reducir facturas de gas natural a clientes con alta dependencia de dicho consumo. Resulta lógico reducir ingresos y aumentar gasto público, teniendo en cuenta que el Gobierno va mucho mejor de lo esperado en sus compromisos presupuestarios con la UE.
También hay que destacar, por la fontanería que ha requerido -y con la sorpresa de obligar realizar las coberturas a precio fijo-, la actualización anticipada de la retribución a las renovables de primera generación (RECORE), lo cual permite una reducción de los cargos en la factura, que ahorrará entre 4 y 6 EUR mensuales a cada hogar español.
Además, se modifica la normativa relacionada con los windfall profits de la nuclear y la hidráulica, de forma que cualquier PPA por encima de 67 EUR/MWh también tiene que pasar por caja. Buena intención, pero efecto nulo. La mayoría de PPAs ya están exentos por el gran error cometido por el RDL 23/2021, que aprobó una “amnistía fiscal” a los windfall profits, simplemente con que la instalación firmara un acuerdo a precio fijo por más de un año (precio que internalizaba dichos windfall profits). Para colmo, las eléctricas amenazan al Gobierno con subir sus precios de derribo a sus clientes si el Gobierno organiza las subastas de energía inframarginal para fomentar la competencia, pues, argumentan, esa energía ya la tienen comprometida mediante PPAs, forzadas por el propio Gobierno en el RDL 23/2021. Jugada redonda.
El RDL regula también, por cuarta vez, la financiación del bono social. Las tres anteriores cayeron en los tribunales. Esta vez se ha optado por que la asuman todos los sujetos del sistema eléctrico, consumidores directos incluidos (bien), mediante un sistema de doble reparto. Primero se realiza una atribución a cada segmento de actividad en función de la facturación, y luego, dentro de cada segmento, se establece un criterio, en función del tipo de actividad, ya sea en EUR/MWh, EUR/cliente o EUR/EUR de retribución regulada. Además, se cargan los costes del fallido tercer sistema de bono social entre los contribuyentes del cuarto. Como se ha aprobado por Real Decreto-Ley, no hay memoria económica y se desconocen los fundamentos de los cálculos. Pero si es como parece, el sistema incurre en el grave error de cargar al segmento de la comercialización, además de la parte de energía, los costes de peajes y cargos, a pesar de que van directos a ingresos del sistema y no son margen del sector propiamente dichos. En todo caso, este sistema de financiación del bono social supondrá casi 1 EUR/mes extra por cliente, restando impacto a la bajada de cargos.
En lo que a clientes se refiere, se amplía el número de beneficiarios del bono social al cambiar de criterio para el cálculo de los umbrales de renta, pasando de unidad familiar a unidad de convivencia. Y se mantienen los descuentos del 60 y del 70%, en lugar del 25-40% habitual, a consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos.
En materia gasista, se aumenta de 20 a 27,5 la obligación de almacenamiento de existencias mínimas, se mantiene el precio de dumping de la tarifa regulada de gas, limitándolo a un incremento de materia prima máximo del 15% y se incluye dentro de los suministros esenciales a los equipamientos culturales como museos y bibliotecas. Y se da una pista sobre por dónde podría ir el precio del gas, estableciendo un precio de gas de 60 EUR/MWh como referencia a los efectos de poder o no flexibilizar los contratos de gas.
Otras medidas son el restablecimiento del canon a la energía hidroeléctrica, la posibilidad de establecer bancos de pruebas regulatorios, la clarificación sobre el régimen de autorización e instalaciones de almacenamiento o el establecimiento de una regulación para la implementación de la energía solar flotante.
Lo importante: cambiar el mix energético
Sin duda, hay que parchear para abaratar la factura en el corto plazo. De lo contrario, esta crisis se llevará a muchas empresas y personas por delante. No obstante, lo verdaderamente importante es sentar los cimientos para evitar volver a estar en una situación como la actual. Acelerar la transición energética.
En ese sentido, liberar un 10% de la capacidad de los nudos reservados a concurso para instalaciones de autoconsumo es un gran paso en la buena dirección. También lo es la obligación impuesta a las empresas distribuidoras de incluir en sus planes de inversión de redes actuaciones encaminadas al fomento del autoconsumo.
Pero sin duda, la medida más acertada entre las más de 150 páginas de denso articulado es la relacionada con la tramitación acelerada de aquellos proyectos renovables de menor conflictividad territorial. Esta crisis de los ciclos combinados de gas está a la altura de la del petróleo de 1973. Hay que comprender el momento histórico y adoptar medidas en consecuencia. Acierta el Gobierno cuando dice que “se declaran de urgencia por razones de interés público, los procedimientos de autorización de los proyectos de generación mediante energías renovables competencia de la Administración General del Estado”. Se establece vía rápida para proyectos solares de entre 50,1 y 150 MW y proyectos eólicos de entre 50,1 y 75 MW. El Gobierno lanza un órdago a las Comunidades Autónomas, que corren el riesgo de que los productores junten proyectos para pasar por Madrid.
No obstante, se echa de menos eliminar algunas barreras adicionales, especialmente al autoconsumo, como la autorización de carreteras, de residuos, de costas o de ríos, que están siendo injustificablemente requeridas por algunos Ayuntamientos. También es preciso que los ingresos de excedentes de autoconsumo tributen por IRPF en lugar de por IVA, para asegurar que las instalaciones de autoconsumo sean lo más grandes posible.
¿Y el sistema marginalista?
La medida estrella del Gobierno, consistente en la intervención del mercado para topar el precio al que las plantas de gas, carbón y cogeneración pueden realizar sus ofertas no está, como era de esperar, entre las más de 150 páginas de medidas del pasado miércoles -aunque a mi juicio, la medida clave del Consejo Europeo fue la decisión de compra conjunta de gas, que puede ayudar a solucionar la papeleta del próximo invierno-. Lo que Europa ya ha validado es tener en cuenta el nivel de interconexiones a la hora de analizar excepciones al mercado europeo. En tanto que las interconexiones ibéricas son muy reducidas, se entiende que la Comisión Europea validará conceptualmente la propuesta ibérica. Aunque la clave está en los detalles. En concreto, en el precio al que se topa (entre 30 y 70 EUR/MWh) y en la duración del tope (si un trimestre o si hasta final de año).
Esta medida envía un mensaje muy peligroso. Quien se hubiera cubierto, al precio que fuera, como parte de su estrategia de precios, saldrá damnificado respecto a aquel que se dejó la posición abierta. Hubiera sido más deseable que esta medida, sin duda justa y necesaria, fuera acompañada de una mayor planificación y predictibilidad. Y es que el sistema marginalista no es el adecuado para tecnologías sin costes marginales. No lo digo por la famosa acusación de pagar el agua a precio de champagne, sino por el contrario. En un escenario de penetración masiva de energías renovables, el sistema marginalista, con precios por los suelos, puede suponer un freno a las renovables, que no obtendrán un retorno si los precios están demasiado bajos. Los precios estarán tan bajos que no serán suficientes para recuperar la inversión del agua (y por supuesto, no darán para comprar champagne). El marginalismo puede tener sentido para el gas, para el carbón, para el fuel. Pero no para el sol y el viento, que son gratis. En todo caso, si se reforma parcialmente el sistema, se tiene que anticipar ese cambio, para no generar inseguridad jurídica.
En definitiva, el RDL 6/2022 aborda toda una serie de medidas urgentes destinadas a bajar la factura eléctrica, con mayor (bajada de cargos por RECORE, bajada de peajes a electro intensivos) o menor (subida de precios para subsidiar el bono social) acierto, pero lo verdaderamente importante es que sitúa a las energías renovables en el centro de la solución e impone un mandato de aceleración administrativa. Se trata, en otras palabras, de que cuando el próximo dictadorzuelo de turno invada un país o masacre a su población, Europa ya no tenga que sonrojarse porque con una mano incauta los yates de los oligarcas del país y con la otra continúa comprándole combustibles fósiles.
Daniel Pérez Rodríguez es abogado especializado en el sector eléctrico
Ignacio
02/08/2022