Un total de 438 cargos electos locales, entre ellos 63 alcaldes y 42 presidentes de concejos, han suscrito un manifiesto en el que muestran su rechazo al proyecto de línea de alta tensión entre Itsaso, en Gipuzkoa, y la línea Castejón-Muruarte, en Navarra.
En la declaración, los carlos electos aseguran que se trata de proyecto impulsado por "una empresa privada que, bajo el manto de un interés general nunca demostrado, condena al ostracismo a las zonas afectadas".
Hace una década, recuerdan, se enfrentaron al primer proyecto Vitoria/Castejón-Muruarte hasta paralizarlo, según el BOE de 12 de noviembre de 2010 “por su afección al medio ambiente y la oposición social”.
Poco después, en 2011, agregan, llegó el segundo proyecto, Itsaso/Dicastillo, y se aprobaron mociones que pedían su retirada en 250 ayuntamientos y concejos, al tiempo que se presentaban 15.000 alegaciones "que nunca recibieron respuesta".
Sin embargo, denuncian, "que la oposición popular, encabezada por sus entidades locales, consiguiese la retirada de ambos proyectos", no ha impedido que Red Eléctrica de España S.A. "presente ahora un tercero, cuyo ámbito de actuación coincide básicamente con el anterior".
"Seguir adelante con este proyecto supone una burla a la legítima representación democrática de la ciudadanía", destacan los cargos locales en la declaración.
Desde la convicción de que este proyecto "no es necesario", los cargos electos apuestan por optimizar las infraestructuras de transporte eléctrico ya existentes y el cumplimiento de los planes de mejora del abastecimiento "dimensionados a nuestras verdaderas necesidades".
"Tras nuestro rico patrimonio ambiental y cultural, tras la bucólica pantalla de nuestro paisaje. se esconden enormes desequilibrios territoriales, precarios servicios sociales e innumerables agravios comparativos", se subraya en la declaración.
Por ello, solicitan a las instituciones la retirada inmediata y definitiva del proyecto de línea de alta tensión, porque de esta manera "se respetaría la voluntad popular mayoritaria y se evitaría un daño irreparable en zonas de gran valor patrimonial, natural y cultural para toda la colectividad".
También instan al Gobierno de Navarra a ponerse del lado de ayuntamientos y concejos, "frente a los intereses de las multinacionales eléctricas".
Por último, manifiestan su apuesta por "un desarrollo democrático del ecosistema que, basándose en las necesidades reales de la población y el derecho a decidir sobre nuestro futuro, respete el medio rural y posibilite la armonía y el equilibrio de las actividades económicas con la salud pública y el entorno natural".
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