Con la electrificación como eje de la neutralidad climática y de la seguridad de suministro, las instituciones comunitarias y los gestores de la red eléctrica advierten que, sin una reforma profunda y urgente, la infraestructura no podrá acompañar el ritmo de la transición.
La Comisión Europea ultima el llamado Paquete Europeo de Redes, previsto para finales de este año, mientras los dos principales actores del sector —la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E)— han puesto sobre la mesa una serie de propuestas que subrayan la magnitud del desafío.
Cuellos de botella administrativos
ACER, que coordina a los reguladores nacionales, reclama una simplificación radical del marco legal que regula la planificación de infraestructuras transfronterizas. En su documento de posición, la agencia sostiene que el Reglamento de Redes Transeuropeas de Energía (TEN-E) necesita menos trámites y mayor supervisión para evitar que los Planes Decenales de Desarrollo de la Red (TYNDP) se retrasen años respecto a las necesidades reales. Plantea que la Comisión o la propia ACER aprueben metodologías comunes para elaborar escenarios de demanda y generación, que se eliminen pasos burocráticos innecesarios y que se dé prioridad a la detección de “necesidades no cubiertas” de capacidad.
La agencia propone, además, diferenciar de forma explícita entre proyectos maduros y en fase inicial dentro de la lista de Proyectos de Interés Común —clave para acceder a financiación europea—, reforzar el seguimiento de su ejecución y flexibilizar los mecanismos de reparto de costes transfronterizos. El volumen de inversión que está en juego es abrumador: más de 1,2 billones de euros en redes de distribución y transporte de electricidad de aquí a 2040, y hasta 65.000 millones para desarrollar infraestructuras de hidrógeno antes de 2030.







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