Ningún comentario Los presupuestos del Estado británico de este año tendrán un impacto importante en el sector energético. El Gobierno de Reino Unido ha aprovechado la presentación de sus cuentas para avanzar en la actualización de su política energética, con medidas que buscan reducir las facturas de los hogares y acelerar las inversiones en infraestructuras durante los próximos años.
Adiós a los pagos por potencia de las facturas de gas a partir de 2027
La principal novedad para los consumidores será la eliminación del pago por potencia de las facturas de gas a partir de 2027. El Gobierno también prevé aplicar medidas similares a los recibos de electricidad durante ese mismo año. La reforma se desarrollará siguiendo la metodología del regulador energético británico, Ofgem, y tendrá su reflejo en el mecanismo del límite de precios trimestrales (price cap).
Con este cambio, los consumidores dejarán de abonar una cantidad fija diaria por disponer del suministro y pasarán a pagar en función de los kilovatios hora consumidos. Esto quiere decir que los costes que actualmente se recuperan mediante ese término de potencia deberán incorporarse al resto de componentes de la factura.
El objetivo es reducir la carga fija que soportan los hogares, especialmente aquellos con dificultades para afrontar sus recibos. La factura del gas se simplifica, mientras que usar comparadores de precios online va a ser más sencillo. Sin embargo, no se trata de una nueva señal de precios que incentive a cambios en los hábitos de consumo, sino que simplemente se refuerza el vínculo entre el consumo energético y el importe final que pagan los usuarios.
El paquete presupuestario incluye también una ayuda directa de 100 libras para los hogares situados en las bandas más bajas del impuesto municipal (Council Tax), únicamente durante este invierno. La medida tendrá un coste de 2.600 millones de libras y llegará a unos 20 millones de hogares, más del 70% del total.
A estas ayudas se suma la ampliación de la reducción del IVA energético hasta finales de julio, que supondrá un ahorro estimado de 50 libras por hogar. El Ejecutivo también trasladará determinados costes asociados a las políticas verdes fuera de la tarifa eléctrica. Entre ellos figura la financiación del hidrógeno, que pasará a sufragarse directamente con cargo a los presupuestos públicos.
Las renovables operativas podrán acogerse a contratos por diferencia
El presupuesto también contempla avances para que las instalaciones eólicas y solares ya conectadas a la red puedan incorporarse voluntariamente a nuevos contratos por diferencia (CfD), con precios fijos y menos vinculados a la evolución del gas. La iniciativa da continuidad a los contratos voluntarios para generadores renovables existentes que el Gobierno presentó en abril.
"Trasladar las instalaciones de energías renovables existentes a contratos de precio fijo bien diseñados podría ofrecer mayor certidumbre a los generadores y proteger a los consumidores frente a las subidas repentinas del precio del gas", señala Sonya Bedford MBE, socia del despacho de abogados Spencer West LLP.
La especialista advierte, no obstante, de que este mecanismo no eliminará por completo la exposición del sistema eléctrico a los precios del gas, aunque sí puede reducirla.
Bedford también subraya la importancia de diseñar unas condiciones contractuales que generen beneficios para los consumidores sin perjudicar los acuerdos de financiación y los contratos de compraventa de energía (PPA) que las instalaciones renovables ya tienen firmados.
El Gobierno acelera las conexiones a la red eléctrica
Otro de los ejes del presupuesto es la agilización de la planificación y de los procedimientos de conexión a la red. Esta medida resulta especialmente relevante para las compañías eléctricas británicas, ya que los retrasos administrativos y de conexión se han convertido en uno de los principales obstáculos para desarrollar nuevas infraestructuras.
Sonya Bedford considera fundamental resolver los problemas de conexión para evitar que los proyectos de energía limpia queden atrapados en un bloqueo administrativo y financiero.
"El Gobierno debe evitar crear un círculo vicioso en el que los proyectos de energía limpia no puedan obtener apoyo sin contar con una conexión, pero, a su vez, no puedan avanzar en dicha conexión sin tener certeza sobre la inversión", apunta Sonya Bedford.
Nuevas facilidades de conexión
El presupuesto también refleja un cambio de actitud del Gobierno británico hacia el desarrollo de los centros de datos, una infraestructura que aumentará la demanda eléctrica en los próximos años. La iniciativa busca posicionar a Reino Unido como uno de los principales destinos europeos para este tipo de instalaciones, frente a otros países de la Unión Europea que mantienen mayores restricciones a su desarrollo.
El Ejecutivo ha anunciado un nuevo pacto (Data Center Covenant) con los centros de datos que exigirá a las grandes compañías realizar inversiones en las comunidades locales y contribuir a la creación de empleo y a la seguridad de los sistemas informáticos de servicios críticos, como la sanidad y la defensa.
El Gobierno ofrecerá una planificación más ágil y facilitará las conexiones a la red a cambio de garantías estrictas para proteger recursos como el agua. Además, permitirá que los operadores construyan instalaciones de generación eléctrica propias mientras esperan a disponer de conexión a la red.
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