Se suele llamar ‘paridad de red mayorista’ al concepto de que una tecnología, en un determinado mercado, pueda desarrollarse con el único ingreso de ‘la red’, es decir del mercado eléctrico mayorista (el denominado ‘pool’), sin que el gobierno garantice ningún incentivo adicional. La ‘paridad de red minorista’ se da cuando resulta económico instalar un pequeño generador para autoconsumo ‘detrás del contador’, típicamente una placa fotovoltaica en un tejado, gracias a los ahorros en la compra de energía mayorista y de los peajes asociados a la energía autoproducida.
Seguimos dando primas a inversiones pasadas ya que sus costes así lo exigían, era la única manera de que despegasen y sin duda han traído beneficios contrastados. Principalmente incentivamos a través de la factura eléctrica a la energía eólica, que en España hemos venido pagando a unos 70-80 €/MWh, y posteriormente a la energía fotovoltaica a la que no queda más remedio que seguir pagando unos 400€/MWh tal como se les prometió (se autorizaron unos 10 veces más megavatios solares de los presupuestados y de los que tenían sentido económico en aquellos años 2007 y 2008, pero eso es otra historia…). También a las plantas termosolares, la cogeneración por su mayor aprovechamiento energético, y pequeñas cantidades (en términos relativos) a la biomasa, los residuos y la pequeña hidráulica.
Pero el panorama ha cambiado radicalmente. La espectacular reducción de costes ya ha puesto los nuevos proyectos solares en el entorno de los 40€/MWh y bajando, y los eólicos en el entorno de los 40-50€/MWh en función del volátil recurso eólico. Estos costes, combinados con un ‘pool’ que en España lleva 2 años en el entorno de los 50-60€/MWh por su exposición a los precios del gas y del CO2 emitido, así como a unos impuestos adicionales que nuestros países vecinos no tienen, está animando muchísima inversión nacional y extranjera. Porque en este nuevo entorno, ‘ya no se depende del gobierno’ para hacer negocio, como dicen en el sector.
Pero este pensamiento es muy erróneo. El Gobierno tiene en su mano destruir este negocio para quienes no hayan entendido bien el nuevo entorno. Porque si el mercado da para que hagan negocio aproximadamente ‘X’ instalaciones solares antes de que se ajusten sus ingresos a la baja hasta llegar a límites económicamente insostenibles, el Gobierno se ha comprometido con Europa a instalar antes de 2030 ‘2 veces X’ mediante subastas si es necesario (aunque es relevante que los compromisos nacionales a 2030 no son vinculantes, a diferencia de los de 2020). Las subastas aíslan gracias a potenciales primas, al inversor que participa en ellas, de futuros precios de mercado potencialmente muy deprimidos por la avalancha de proyectos renovables que queremos instalar; proyectos que el Gobierno ha comunicado a Europa que pretende instalar. Por cierto, existen ya solicitudes formales de conexión futura a la red por valor de ‘5 veces X’ que han depositado avales, y bastante más de ‘X’ instalaciones ya tienen la aceptación del gestor de la red.
No estoy afirmando que no deban instalarse esta avalancha de renovables comunicada a Europa; todo el que se crea la ‘alerta climática’ debe estar de acuerdo con políticas valientes como ésta, al margen del reparto fino de tecnologías y a falta de solventar unos cuantos retos técnicos, económicos y regulatorios por el camino. Porque este sector no va sólo de renovables, va también de que no haya apagones y de que el sector sea competitivo. Pero sí afirmo que existen riesgos económicos considerables para las inversiones que hoy ven negocio por una ‘paridad de red’ aparentemente muy atractiva y están considerando instalarse sin esperar a las anunciadas subastas. Sobre todo porque los retos que menciono, como el desarrollo de interconexiones, el despegue del almacenamiento que hoy por hoy no es rentable, o los vehículos eléctricos, y los muchos desarrollos regulatorios necesarios, tardarán años incluso si logramos una estabilidad política que cada vez se antoja más complicada.
Si todos los futuros Gobiernos realmente se esmeran en alcanzar los objetivos comunicados formalmente a la Unión Europea mediante el desarrollo de subastas, quienes se hayan animado a invertir hoy sin ninguna cobertura encomendándose a un ‘pool’ en los niveles actuales, tendrá probablemente serios problemas económicos. Si finalmente se instalan 1 ó 2 ó 3 veces ‘X’ (seguro que no serán 5), y no les salvan unos precios del petróleo y gas y CO2 por las nubes, que dicho inversor no pida al futuro Gobierno que le rescate o que pare el ritmo de subastas a nuevos entrantes, que dicho inversor no reclame que se cambie el modelo de mercado porque ya no le resulta tan buen negocio. Porque ni el Gobierno le va a rescatar (imaginad que el Gobierno rescatara a todos los negocios que se instalaron libremente y no obtienen sus expectativas..), ni la Unión Europea va a cambiar en unos cuantos años el actual modelo de mercado que acaba de ratificar. ‘Que el Gobierno dé una oportunidad al mercado sin subastas’ dicen también en el sector; es una opción, pero el mercado no va a atajar la crisis climática sin incentivos gubernamentales. Que dicho inversor no confíe tampoco en una futura colusión en la formación de precios, porque no sólo está prohibidísima sino que es materialmente imposible de orquestar y es hasta contraproducente por su negativo impacto en las exportaciones renovables hacia el resto de Europa.
Que dicho inversor se asesore de dónde se está metiendo. Porque, si invertir hoy en renovables a mercado en España es negocio o es burbuja, sólo lo sabremos dentro de 20 ó 30 años. Dependerá entre otros factores de la cotización internacional del gas y del CO2, del desarrollo de interconexiones eléctricas que logremos impulsar, del desarrollo de vehículos eléctricos y almacenamiento que van al ritmo que van, de la reducción de costes de la tecnología, y de la acción del Gobierno para cumplir realmente su voluntad de atajar la alerta climática.
¿Y cuántas instalaciones se van a instalar realmente? Pues lo cierto es que en el corto plazo no creo que lo sepa nadie. Lo inquietante es que en este entorno de paridad de red, impera la ley del más rápido, y el único freno a las ansias inversoras son las ineficiencias administrativas, y las señales de precios de mercado. Porque nadie coordina y anticipa el ritmo de entrada, y ninguna autoridad es responsable de alertar de los riesgos económicos que acabo de exponer. No es responsabilidad ni competencia del gestor de red ni del Gobierno ni de las Comunidades Autónomas decirle al inversor ‘¿está usted seguro de aceptar los riesgos de canibalización de sus ingresos?’.
Es responsabilidad y competencia de los especialistas sugerir a todo inversor que se asesore y entienda las fuentes de ‘upside’ (que las hay), y las fuentes de ‘downside’ (creo haber dejado claro que también las hay). Es responsabilidad del inversor el hacerlo, o bien encomendarse al pool.
¿Negocio o burbuja? En 2030 hablamos.
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Javier Revuelta es Ingeniero Industrial por ICAI, MBA por INSEAD Business School, y trabaja actualmente en la consultora energética Pöyry Management Consulting del grupo ÅF Pöyry.
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