El toque “subprime”:
Empecemos con un poco de historia: la crisis del año 2006 tuvo su origen en dos sociedades creadas por el gobierno americano (también llamadas GSE, Government Sponsored Enterprises) para facilitar el acceso general a las hipotecas. La primera fue Fannie Mae creada en el año 1938 dentro de la política de crecimiento económico conocida como New Deal posterior a la gran depresión, no daba hipotecas directamente, sino que compraba las emitidas principalmente por los bancos comerciales para introducir liquidez en el sistema y reducir los costes financieros. En el año 1970 se creó Freddie Mac que complementaba la GSE anterior una vez privatizada, aunque ambas contaban siempre con el apoyo federal, sobre todo después de la crisis de los años 80.
Aproximadamente la mitad de todas las hipotecas de los USA eran respaldadas por ambas GSE, es decir con cobertura pública, lo cual suponía un volumen económico importante, lo que obligó a agruparlas para su posterior dispersión en el sector financiero mundial a través de la titulación. El modelo de financiación de hipotecas fue seguido por multitud de entidades privadas ampliando los créditos a clientes con una posición de solvencia limitada, dando lugar a las hipotecas subprime.
Las GSE desarrollaron pues un esquema de dispersión de riesgos entre el sector financiero mundial, a través de la titulación con la ayuda de la banca privada y la cobertura del gobierno federal, al que se apuntaron bancos comerciales, seguros y todo un entramado de entidades financieras de todo el mundo que colapsaron cuando el repago de la deuda de las hipotecas originales entro en crisis. Todo ello con la siempre controvertida cobertura de las agencias de calificación, sumidas frecuentemente en conflictos de intereses.
La solución, siempre parcial, a la crisis del año 2007 supuso el cierre de muchos bancos comerciales, la práctica desaparición en el sector de la banca de inversión y una fuerte inyección de dinero por parte de la FED y el Tesoro americano, con la consecuencia de la elevada liquidez que se observa actualmente en el mercado, lo que conduce, junto con la necesidad de reactivación económica, a tipos negativos de la deuda pública y hace que los inversores busquen alternativas de inversión con rentabilidades mínimas pero ingresos garantizados, tema importante para las inversiones renovables y causante en gran medida de la nueva burbuja.
Las burbujas:
Hace unos días el ex presidente Rodríguez Zapatero reconocía que durante su gobierno se había desarrollado la burbuja renovable merced a las primas, lo que había atraído a fondos de inversión que procedían de forma similar a las hipotecas “subprime”: empaquetando las inversiones y titulizándolas entre diversas entidades financieras. Existieron casos, pero no fue, desde luego, la tendencia general. La burbuja fotovoltaica tuvo su origen en fijar una fecha límite para la aprobación de los proyectos, lo cual correspondía a las CCAA y en consecuencia, la administración central perdió el control de la potencia instalada y en última instancia, del coste regulado de las primas. Un mensaje para el expresidente: la elevada demanda y los altos precios de venta tuvieron como efecto colateral, la consolidación de la fabricación china de módulos.
La insolvencia posterior de los productores renovables fue sobrevenida y provocada por la alambicada reforma energética del año 2013 que conculcó la confianza legitima de los inversores en un estado de derecho y cuyos efectos jurídicos tardarán muchos años en desaparecer, incluso más allá de la extensa vida de los proyectos, tan a la moda. Esta insolvencia generó claras tensiones financieras, pero en este caso no fueron los bancos los que sufrieron, como en el caso de las hipotecas subprime, sino los propios productores sin ninguna culpa. Es interesante indicar que en ningún caso hubo una moratoria a partir de esa fecha, como se ha mencionado de forma recurrente, desparecieron las primas y se pararon los nuevos proyectos, pues el inversor renovable y las entidades financieras tienen aversión a los riesgos, aunque como se ha visto después, estos no eran para tanto.
La situación cambió radicalmente cuando se lanzaron en los años 2016 y 2017 las subastas cuyo resultado fueron prácticamente 8.000 MW en nuevos proyectos (parece que ni la mitad va a cumplir con los plazos) con venta de electricidad a mercado y un incierto y precario suelo futuro de remuneración. A partir de aquí se comprobó que era posible hacer proyectos sin necesidad de primas e incluso mejor, para evitar desagradables sorpresas.
La consecuencia de todo esto es conocida, una nueva burbuja: avales para peticiones de permisos de acceso y conexión de 168.000 MW nuevos en mayo 2019, con la participación de fondos de inversión, grandes corporaciones y empresas del petróleo, que han vencido su aversión a la fotovoltaica como antes a la eólica, en un sistema eléctrico con la punta estabilizada en 40.000 MW y tendencia decreciente del consumo.
La mezcla
En paralelo a este importante contingente de potencia que busca el permiso para acceder y conectarse a la red, el gobierno da por segura la convocatoria de subastas, de las que lo único se sabe es que van a estar basadas en contratos por diferencias en base al precio ofertado. Es decir, sería una fórmula de PPA con la garantía del estado que coexistirían con las subastas y esquemas similares privados y nos acercaríamos pues a la situación de “riesgo subprime”.
De forma complementaria y para racionalizar el importante contingente de solicitudes, el propio gobierno apunta al modelo portugués, en el que se integran el permiso de acceso con modelos retributivos para garantizar una serie de ingresos al sistema o precios inferiores a los de referencia para la energía solar, objeto de las subastas. Desde luego, la idea es buena pero aquí nos encontramos con el problema de los permisos ya concedidos y como se puede volver a la casilla de salida, sin volver a saturar los tribunales. En cualquier caso, queda claro que las subastas tienen sentido para racionalizar la inevitable tendencia a las burbujas de nuestra economía, como mencionaba el expresidente, de lo contrario es mejor que las cosas sigan su curso y los inversores asuman sus riesgos.
Llegado a este punto, es importante insistir en los factores que pueden conducir a lo que llamamos “riesgo subprime” (dificultad para devolver créditos y rentabilidades negativas) para los productores futuros: por el lado de la cantidad, la imposibilidad de verter toda la producción por la incapacidad del sistema eléctrico y la puesta en práctica de soluciones realistas por las entidades responsables de organizar el sistema. Por el lado del precio, la reducción del mismo, por la aparición de precios cero por la existencia de PPAs públicos.
En relación con el primer punto, la venta de electricidad estará en gran medida garantizada por los reforzamientos de redes interiores y de las conexiones internacionales, de alto coste a pagar por los consumidores lo que exigirá bajos precios, reforzando el segundo factor. También la gestión hidráulica orientada al beneficio del sistema, no de los titulares de la concesión y de los bombeos. Otro aspecto clave será la transformación del transporte y una penetración sistemática del vehículo eléctrico enchufable, sobre todo por ausencia de políticas de impulso y consolidación.
Se vuelve a estar en una situación de riesgo que recomienda prudencia. Aunque hay menos bancos implicados y la extensión internacional es menor que en el caso de las hipotecas subprime, al sobrecalentamiento del mercado provocado por la sobrefinanciación de la economía y los fondos de inversión, se han sumado los actores tradicionales. Al final podría repetirse que adquieran proyectos a precio de saldo para perjuicio de los inversores iniciales y más arriesgados. A medida que pasa el tiempo las soluciones son más complicadas, no ayuda para nada los diferentes enfoques en las distintas instituciones del estado en los temas de acceso y la deficitaria política estatal que dirija y aglutine a todas las instituciones. Se puede volver a terminar como el rosario de la aurora en un tema clave no solo energético, sino también social (por cierto: ¿dónde está el impulso a la participación social en los proyectos?) y desde luego industrial y tecnológico.
Un artículo escrito por Alberto Ceña Lázaro, CEO de BEPTE SL, y Álvaro del Rio Disdier, de BEPTE SL. Directivos del IDAE en su creación
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios