La relación entre Repsol y Venezuela atraviesa en 2026 uno de sus momentos más delicados y determinantes. A la tradicional complejidad de operar en un país de alto valor energético se ha sumado una nueva sacudida política, marcada por la crisis institucional y por el anuncio desde Washington sobre la detención de Nicolás Maduro, un hecho que ha reactivado las tensiones diplomáticas, ha elevado la incertidumbre internacional y ha vuelto a colocar a la industria energética venezolana en el centro de la agenda geopolítica.
En este escenario, Venezuela continúa siendo para la petrolera española un activo estratégico de primer orden, pero también uno de los focos de mayor exposición al riesgo dentro de su cartera global. Durante el primer semestre de 2025, Repsol mantuvo su actividad operativa en el país, apoyada sobre todo en el negocio del gas natural, que representa más del 80% de su actividad local y que, por ahora, se mantiene al margen de las restricciones más severas impuestas al crudo.
El corazón de esta operativa es el proyecto Perla, en el bloque Cardón IV, una de las mayores explotaciones gasistas offshore de Venezuela, desarrollada junto a la italiana ENI, desde donde se producen alrededor de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, destinados casi íntegramente al mercado interno y fundamentales para la generación eléctrica, al cubrir aproximadamente un tercio del consumo nacional.
Producción neta media
A pesar de las dificultades, la producción neta media de Repsol en Venezuela alcanzó en el primer semestre de 2025 los 70,5 miles de barriles equivalentes de petróleo diarios, por encima de los 65,0 miles registrados en el mismo periodo de 2024. Este incremento se logró en un entorno severamente condicionado por las sanciones, las limitaciones financieras y los obstáculos logísticos que pesan sobre el sector energético venezolano. La compañía ha reiterado su intención de conservar su posición en los activos del país, siempre bajo el estricto cumplimiento de la normativa local e internacional, una postura que adquiere mayor relevancia tras el endurecimiento del marco sancionador de Estados Unidos.
El flanco financiero refleja con claridad la magnitud del riesgo. A 30 de junio de 2025, la exposición patrimonial total de Repsol en Venezuela se situaba en 330 millones de euros, frente a los 504 millones contabilizados a finales de 2024, tras los ajustes realizados por el deterioro del riesgo país y del perfil crediticio de la estatal PDVSA. Esta exposición incluye financiación a filiales, inversión en Cardón IV y cuentas por cobrar a PDVSA, cuyo cobro sigue siendo altamente incierto. A ello se suma la línea de crédito vinculada a la empresa mixta Petroquiriquire, participada en un 40% por Repsol, con un saldo de 358 millones de euros, que constituye una pieza clave tanto para sostener la actividad como para articular la eventual recuperación de la deuda mediante pagos en especie.
Endurecimiento del régimen de sanciones
El endurecimiento del régimen de sanciones ha sido determinante en esta evolución. Tras la concesión en mayo de 2024 de una licencia específica por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, que permitió a Repsol operar con cierta normalidad, Washington revocó dicha autorización a finales de marzo de 2025 y la sustituyó por una licencia de liquidación con vigencia hasta el 27 de mayo del mismo año. Desde entonces, en ausencia de nuevas exenciones, la capacidad de la compañía para operar y recuperar los importes adeudados se ha visto severamente limitada, incluida la imposibilidad de recibir cargamentos de crudo o gas como mecanismo de pago de la deuda de PDVSA.
La presión se agravó con la orden ejecutiva firmada el 24 de marzo de 2025 por el presidente de Estados Unidos, que autoriza la imposición de un arancel del 25% a todas las mercancías importadas desde países que comercialicen petróleo venezolano. La medida encarece el comercio internacional del crudo y refuerza el efecto disuasorio para las empresas que aún mantienen vínculos con la industria petrolera del país. Repsol, preguntada por este medio, ha preferido no hacer ningún tipo de comentario a este respecto.
El trasfondo macroeconómico refuerza la fragilidad del entorno. El tipo de cambio pasó de 54,106 bolívares por euro en diciembre de 2024 a 127,138 bolívares por euro en junio de 2025, reflejando el profundo deterioro macroeconómico y la pérdida de confianza en el sistema financiero venezolano. Este contexto obligó a Repsol a actualizar sus provisiones, con un impacto negativo de 80 millones de euros en el resultado antes de impuestos por el deterioro de activos, instrumentos financieros y cuentas por cobrar a PDVSA, y otros 216 millones de euros por el ajuste del valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación.
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