La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluirá la obligación de que las empresas cotizadas presenten un reporte anual de evaluación del riesgo climático y de carbono de su actividad. Una Ley que se ha comprometido a presentar un texto a primeros de este otoño, acompañada de un Plan Nacional de Energía y Clima, en este caso, antes de que concluya el año y que ambos se enviarán en la fecha propuesta al Parlamento. "Trabajamos a contrarreloj para cumplir con los plazos porque partimos de cero", ha dicho a los diputados en la Comisión para la Transición Energía.
Ribera ha expuesto las líneas de su departamento en su comparencia en la Cámara Baja afirmando que "España no puede terminar esta legislatura sin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética", una norma debe proporcionar un marco legal y financiero "estable y coherente" y que contemple una "transición ecológica justa y equitativa".
Ha añadido que, "sin un marco regulatorio adecuado, no es de extrañar que la economía española no haya conseguido aún desacoplar en términos absolutos el crecimiento de la economía de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa un lastre para la competitividad de nuestra economía". Por eso, ha anunciado que el objetivo de España es una reducción de las emisiones de CO2 del 20% en 2030 respecto0 a los niveles de 1990 y una reducción de los gases de efecto invernadero del 90% en 2030 respecto a 1990. "Esto significa en la práctica reducir a la mitad las emisiones de hoy, que es lo que nos hemos comprometido como país en el Acuerdo de París".
Entre los puntos que se recogerían en la Ley de Cambio Climático, además de la obligación de que las empresas cotizadas presenten esos reportes de riesgo climático y carbono de su actividad, está la elaboración y publicación por el Banco de España de informes periódicos sobre el estado de la economía española, sus vulnerabilidades, riesgos y fortalezas frente al cambio climático. "De esta manera marcamos la senda de reducción de emisiones de CO2, que debemos presentar a la UE en 2019", ha señalado, "y que además debe ser revisable cada cinco años".
Ribera ha señalado que esos reportes de las empresas cotizadas influirán en el diseño de sus estrategias de negocio y serán un reflejo de si se están haciendo bien las cosas en materia climática. "Esto también está ocurriendo en países como Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania, y aunque es una política arriesgada para las empresas, es importante hacerlo".
En la ley también se incluirá la necesidad de realizar Presupuestos quinquenales de carbono con un informe de consumo para poder analizar la "compatibilidad climática, fortalecer los criterios verdes obligatorios en la contratación pública e impulsar una reforma fiscal que avance en la fiscalidad ambiental en España".
En este sentido, la ministra ha dicho que hay que actualizar el sistema fiscal para adecuarlo a la realidad climática y ha señalado que la integración de modalidades que permitan fijar un precio al carbono es algo que no se puede obviar. "Hay que incorporar instrumentos creíbles que garanticen una transición justa".
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