La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha insistido este jueves en abordar una reforma a medio y largo plazo del mercado eléctrico en Europa para proteger a los consumidores, ante la posición "inmovilista" de Alemania y los países del norte.
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A su llegada a la reunión en Bruselas de ministros de Energía de los Veintisiete, Ribera ha vuelto a poner sobre la mesa si el funcionamiento actual del mercado está preparado para los desafíos de futuro. En este sentido, ha reclamado un "debate profundo" para estudiar cómo proteger a los consumidores en un contexto de transición 'verde' y reformar un sistema que beneficia a los precios y que "no reflejan los costes reales" de la energía.
Después de que España defendiera en una iniciativa conjunta con Francia, Italia, Grecia y Rumanía mecanismos para garantizar la protección del consumidor frente a los altos precios minoristas de la electricidad, la vicepresidenta ha pedido no "despreciar la preocupación" de este grupo de gobiernos que representan el 45% de la población de la UE y en el que se encuentran tres de los cuatro países más grandes del bloque europeo.
"La gran pregunta que nos hacemos es si la regulación actual está preparada para abordar los desafíos como los que estamos viviendo ya (...) reclamamos que evolucione para incorporar respuestas a estos desafíos", ha expuesto.
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A su juicio, el debate sobre la cuestión no se puede limitar al mensaje "inmovilista" de que los operadores trabajan conforme al marco europeo.
En la misma línea que Ribera, la ministra de Transición Ecológica francesa, Barbara Pompili, ha destacado la "inquietud" con la que el bloque de países que se ha unido a España observan la situación por el modo en que los consumidores son "víctimas" de cómo suben y bajan los precios, "a veces de manera brutal".
"Hemos visto problemas de adaptación (del mercado energético) y debemos trabajar juntos", ha razonado la política gala.
Esto contrasta con la postura de Alemania y otros ocho países del norte que mantienen su oposición a toda reforma del sistema energético con medidas como una revisión del mercado mayorista de la electricidad, por los riesgos que plantea para el mercado, misma línea que defiende la Comisión Europea.
En un informe preliminar solicitado por Bruselas, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) enfrió las pretensiones de España y señaló que iniciativas como establecer un precio máximo al gas o impulsar un precio medio entre todas las tecnologías del 'mix' energético "representan una desviación significativa" con respecto al sistema vigente.
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