El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado la tramitación mediante Real Decreto de las condiciones técnicas y administrativas que regularán el autoconsumo de energía en España. El Ejecutivo concluye que la tramitación ha de realizarse por vía de urgencia dado que el Real Decreto-ley 15/2018, convalidado por el Congreso de los Diputados, establece el mandato al Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, el pasado 6 de octubre.
El citado Real Decreto-ley 15/2018 ha realizado una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, eliminando entre otras medidas el denominado “impuesto al sol”, con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades de red, mayor independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la norma recogía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que permitan implementar completamente el autoconsumo en España. Particularmente, es preciso regular, entre otras cuestiones, las condiciones administrativas y técnicas para la conexión a la red de instalaciones de producción asociadas al autoconsumo, los mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los consumidores acogidos al autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo.
"La aprobación de una norma que regule estas cuestiones resulta imprescindible y urgente para que los ciudadanos que decidan obtener parte de la energía eléctrica consumida en sus hogares o negocios vía autoconsumo puedan conocer aspectos tan fundamentales como, por ejemplo, los equipos de medida que han de instalar o los requisitos para conectar su instalación", explica el Ministerio en un comunicado.
El Gobierno concluye que concurren circunstancias extraordinarias para autorizar que esta regulación sea tramitada de forma urgente mediante Real Decreto lo antes posible.
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