La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico**, Teresa Ribera, se ha mostrado "optimista" de cara a la reunión extraordinaria que el próximo 13 de diciembre mantendrán los ministros de energía de la Unión Europea**. "Es importante mantenernos unidos y entender que se requiere de flexibilidad y solidaridad", ha señalado.
Ribera ha participado este lunes en el foro 'Gipuzkoa Sostenible', organizado en_ Diario Vasco _Gunea, en la nueva sede del periódico en San Sebastián, junto al diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa, José Ignacio Asensio, el CEO de Orbea, Jon Fernández, e Imanol Rego, director general del Grupo Irizar.
La ministra se ha mostrado "optimista" con respecto a la citada reunión y ha recordado que "después del 13 viene el consejo europeo y luego otro consejo de energía el 19". Según ha señalado, la actual "es una situación insólita y es importante sentir el espíritu constructivo de la sala, donde estamos reunidos los ministros de energía, a pesar de las diferencias y de la tensión emocional que se vive, porque cada uno está pensando en las preocupaciones de su casa".
Por otro lado, respecto al impuesto a las energéticas ha señalado que "el Gobierno quiere que esta figura tributaria extraordinaria y temporal esté lo mejor diseñada posible" y que en el conjunto de Europa se actúe "de manera unitaria".
Además, ha defendido la necesidad de "ser solidarios" en materia energética dentro de la Unión Europea, pero no "a cualquier precio".
"A algunos países europeos les preocupa que el hecho de tener que seguir buscando fuentes alternativas de gas si se introduce cualquier tipo de limitación, pueda suponer una dificultad de acceso, o si sus compañías han firmado contratos a ese precio que han blindado este verano tengan que venderlo por debajo de ese precio", ha explicado, para añadir que la postura de España es "que lo uno estaba vinculado a lo otro y que era necesario ponernos de acuerdo en las dos cosas simultáneamente y, en una tercera, que también es muy importante, acelerar el ritmo de translación de las renovables".
Reservas de gas al 95 %
Respecto a si España está preparada energéticamente para el invierno, la ministra ha señalado que "los elementos que nos generan tensión en el sistema y sobre los que hay que estar pendientes son nuestros vecinos, Francia y Portugal, por distintas razones".
"Contamos con los almacenes llenos al 95% y esa red de regasificadoras que en un determinado momento parecía sobredimensionada para lo que se necesitaba nos da mucha confianza y flexibilidad", ha defendido. Asimismo, ha señalado que "nuestros operadores tienen contratos de medio y largo plazo extensos y hay una capacidad de hacer llegar ese gas natural licuado muy importante".
"No hay una preocupación con respecto al acceso a materia prima energética, ni con respecto a la producción de electricidad", ha reiterado. Sin embargo, ha reconocido que "no nos es indiferente lo que ocurra, se da esa tensión en precios de gas y evidentemente se produce esa tensión en demanda de electricidad".
"España ha sido la batería para Portugal durante todo el año y una de las baterías para Francia y lo va a seguir siendo", ha avanzado. En este sentido, ha explicado que esa "demanda extra de nuestros vecinos durante todo el invierno va a hacer que España tenga que "producir mucho más que nuestro consumo nacional".
El suministro a Francia y Portugal
"Esa producción extra debemos cubrirla con centrales de ciclo combinado a gas natural y eso significa más consumo de gas natural y, por tanto, un precio mayor en nuestra electricidad, no porque estemos incrementando nuestro consumo nosotros, sino porque debemos garantizar ese suministro a Francia y a Portugal para que no tengan un verano muy complicado, que ya lo es con esta exportación", ha afirmado.
Por otro lado, Ribera ha señalado que los retrasos en el cobro del bono término "no son imputables al Estado", sino a la "administración competente en cada caso", es decir a las autonomías.
La distorsión en las ayudas al combustible
En cuanto a las ayudas a la compra de combustible, ha señalado que los datos apuntan a que "genera una distorsión con respecto a las personas que más lo pueden necesitar", ya que "hay una parte del presupuesto público desproporcionadamente dirigida a los perfiles de renta media y alta que se deberían estar concentrando en los perfiles de renta baja", lo que llevó a optar por los descuentos en el transporte público con "impacto social más favorable".
A su juicio, estos descuentos en el transporte constituyen algo "beneficioso desde el punto de vista social, ambiental y un poco cambio cultural".
En este sentido, ha avanzado que "veremos algunos cambios en 2023 con respecto a lo que hemos hecho este año", en lo que medidas de ayudas se refiere.
La tarifa TUR
Sobre las solicitudes para el paso a la Tarifa de Último Recurso (TUR), regulada por la Administración, a la que pueden acogerse los clientes con un consumo inferior o igual a 50.000 kWh/año, Ribera ha señalado que quien "vigila esto es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la que pedimos apoyo y vigilancia muy de cerca".
"El argumento que usan los operadores es que están desbordados por las demandas que han recibido y que la vigilancia de los criterios para poder beneficiarse de la TUR les lleva algún tiempo", ha explicado, para añadir que "pedían que fuera algo así como automático en todos los casos", algo que "no puede ser".
"No puede ser tarifa libre a precio de tarifa regulada, es una cosa un poco rara", ha apuntado. Además, ha añadido que tampoco pueden decir las grandes compañías que "no tienen medidas" para atender al "muy importante volumen" de solicitudes de cambio por parte de los clientes.
Así, ha señalado que están "pendientes de lo que diga la CNMC". En todo caso, ha considerado "capital" el "reforzar los equipos y ser muy diligentes por parte de estas compañías". "A partir de ahí debe de haber un segundo debate, si pueden acreditarse como compañías con suficiente solvencia para poder ofrecer la tarifa regulada a otras compañías", ha señalado.
A ello ha sumado "un tercer debate sobre si las pequeñas compañías, sectores difíciles de liberalizar, que habían empezado a ofertar tarifas libres no tienen capacidad de compra porque en realidad no tenían esos contratos de larga duración a precio razonable".
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