La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha comparecido este jueves, a petición propia, en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, para explicar las medidas adoptadas por su departamento durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las iniciativas puestas en marcha por el MITECO para paliar esta crisis han puesto el foco en proteger a las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables. Durante la duración del estado de alarma se ha prohibido la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua a las personas físicas en su vivienda habitual.
Además, se ha garantizado el derecho a la percepción del bono social a los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación, en el mes anterior a la solicitud, al menos un 75% con respecto al semestre anterior y como consecuencia del COVID-19. Más de 7.000 profesionales han solicitado el bono social bajo este supuesto y más de 2.300 ya son beneficiarios del mismo.
El MITECO ha prorrogado automáticamente hasta el 15 de septiembre la percepción del bono social de electricidad a los beneficiarios a los que les vencía antes de dicha fecha. Según las estimaciones del ministerio, 70.000 hogares se benefician mensualmente de esta medida.
Asimismo, se han mantenido vigentes los precios máximos de venta, antes de impuestos, de la bombona de butano, establecidos el 14 de enero de 2020, lo que se estima que beneficia a 5,5 millones de consumidores. Además, se ha actuado con la tarifa de último recurso (TUR) de gas, que sólo se ha permitido revisar a la baja. Se calcula que hay alrededor de 1,6 millones los posibles beneficiarios de esta medida.
Un segundo paquete de medidas, ha explicado la vicepresidenta, ha estado destinado al apoyo de los autónomos y del tejido empresarial. Para ello, se ha establecido la posibilidad de suspensión y de flexibilización de los contratos de electricidad y gas natural para autónomos y empresas mientras dure el estado de alarma. Hasta finales de abril, se habían registrado más de 102.000 solicitudes de cambios de contrato de suministro.
La vicepresidenta también ha explicado que se ha habilitado la posibilidad de que, durante el periodo de alarma, los autónomos y pymes puedan solicitar la suspensión del pago de las facturas de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, realizando dicho pago en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.
En tercer lugar, Ribera ha detallado las medidas adoptadas para mitigar el impacto en los operadores energéticos para evitar que asuman mayores cargas de tesorería y facilitar su papel en la aplicación de las medidas de protección a los hogares, empresas y autónomos. Así, se ha eximido a las comercializadoras de electricidad y gas natural de afrontar el pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los autónomos que suspendan sus pagos durante el estado de alarma. También se han dejado exentas de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido. Además, se pueden acoger a la línea de avales establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.
Por otro lado, se ha permitido, excepcionalmente, hasta el 30 de junio, la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal. De esta manera, se asegura que el cambio de combustible se produce con las necesarias garantías.
En relación a la garantía de abastecimiento y la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos durante el estado de alarma, se asegura que permanezca abierta al menos una gasolinera en todos los municipios que cuenten con este tipo de establecimiento.
En cuanto a la gestión de residuos durante la situación de emergencia sanitaria se han dictado instrucciones específicas acordes con las recomendaciones sobre gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas/en cuarentena por COVID-19 que fueron remitidas para su traslado a las entidades locales.
Respecto al agua, su suministro está garantizado por el RDL 8/2020. Las actividades de abastecimiento de agua y tratamiento se han considerado esenciales en la normativa aprobada durante este periodo.
La vicepresidenta ha recordado que el MITECO mantiene habilitada una línea telefónica y un correo electrónico de atención ciudadana para ofrecer información sobre las distintas medidas adoptadas por el Departamento. Ambos servicios tramitan una medida de entre 150 y 200 consultas diarias, de las que entre un 70% y un 80% están relacionadas con alguna medida aprobada recientemente durante el estado de alarma en el marco de la crisis provocada por el COVID-19.
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