Sumar pide en el Congreso no admitir a trámite la instalación de parques renovables en la Red Natura 2000

Sumar ha pedido al Gobierno que no admita a trámite la instalación de parques renovables en la Red Natura 2000. A través de una Proposición No de Ley (PNL), también ha reclamado al Ejecutivo que actualice los espacios candidatos a ser Red Natura 2000 o, en su defecto, establezca moratorias en corredores ecológicos o zonas marinas de especial valor natural siguiendo el principio de precaución.

A través de la iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados para su debate en el Pleno y a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar ha solicitado al Gobierno que incorpore planes de biodiversidad de forma obligatoria y que prohíba el uso de herbicidas para el control de la vegetación, fomentando en su lugar el uso de alternativas como el pastoreo extensivo o el uso de maquinaria especializada.

A su vez, ha insistido en la necesidad de desarrollar una plataforma de datos pública para el mapeo de los impactos sobre la biodiversidad y mortalidad de aves y murciélagos de los parques eólicos. En el caso de la energía eólica, el Grupo Parlamentario ha demandado que se establezcan sistemas de seguimiento de la avifauna para detener los aerogeneradores a su paso.

En líneas generales, ha pedido prohibir la instalación de parques renovables en suelos de alto valor natural para el cultivo o vías pecuarias, tampoco en caladeros y zonas pesqueras productivas. Por esta parte, ha ofrecido como referencia, por ejemplo, el protocolo desarrollado por el gobierno de Navarra y el Manifiesto de Burela.

Los parques renovables

Desde el punto de vista de Sumar, el Gobierno tiene que regular la instalación de parques renovables en zonas de interés cultural o arqueológico mediante la aprobación de un protocolo estatal para armonizar la preservación del patrimonio histórico, en la línea del convenio de Francia con la UNESCO.

Asimismo, tiene que diseñar los parques renovables considerando la adecuación estética y visual. En este aspecto, también ha reclamado que el Ejecutivo preserve los elementos de arquitectura tradicional (bancales, muros de piedra seca...) no solo por su valor patrimonial, sino también por ser refugio y hábitat de la biodiversidad.

El texto, registrado por el diputado Eloi Badia Casas y la portavoz adjunta Aina Vidal Sáez, recoge la petición del Grupo Parlamentario a favor de que se realice una planificación territorial de los parques renovables con unos mínimos y unos máximos de potencia instalada. Por este lado, también solicita aumentar la distancia de los parque eólicos a los núcleos de población.

Con respecto al rigor procedimental, Sumar ha insistido en evitar la práctica de fragmentación para esquivar requisitos legales. Así, ha defendido que los proyectos que se encuentren a una distancia inferior a tres kilómetros (km) y presenten algún tipo de relación empresarial se tramitarán como unitarios, debiéndose evaluar sus impactos de forma sinérgica.

A su juicio, hay que eliminar el silencio positivo y no permitir la tramitación exprés; así como de poner fin a la exclusión de los informes de Evaluación de Impacto Ambiental recogida en el Real Decreto Ley 20/2022 y de incluir las vías de evacuación y las subestaciones en dichos informes. Para los proyectos superiores a 50 megavatios (MW), Sumar ha incidido en hacer el informe de autoridad ambiental autonómica obligatorio.

Además, el Grupo Parlamentario ha demandado que se garantice el carácter público de las líneas de transporte superior a 380 kilovoltios (kV) estableciendo con claridad que la titularidad es exclusiva de la Red Eléctrica Española como recoge la Ley 24/2013.

La ubicación de los parques

En lo que tiene que ver con el rigor procedimental, Sumar ha solicitado que el Gobierno comunique a los municipios afectados la ubicación del parque e instalaciones colindantes antes de dar el permiso de acceso a la red.

Asimismo, ha incidido en que garantice la transparencia, información y participación de la ciudadanía en todas las fases de la vida de una instalación: proyección y diseño, construcción, vida útil y desmantelamiento. Para ello, ha reclamado que se establezca un protocolo de participación obligatorio y vinculante con la ciudadanía y todos los actores implicados.

A su vez, ha demandado que se elimine la declaración de Bien de Interés General y se limite la expropiación forzosa para terrenos altamente degradados. Con el objetivo de conseguir esto, ha recomendado la creación de una oficina de mediación que garantice la concertación y participación de todos los actores.

Por último, con respecto a la gobernanza y el retorno local, Sumar ha solicitado que el Ejecutivo promueva el derecho a participar en al menos el 20% de la propiedad del proyecto a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, radicadas en el municipio de su instalación o en los limítrofes. Asimismo, ha demandado que se garantice la participación del ayuntamiento en el consejo de administración.

Por esta parte, ha reclamado que habilite a los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, para poder introducir mejoras en el diseño del proyecto (ubicación, alcance, etc.) y que reconozca el derecho al acceso al autoconsumo para todos los usuarios del municipio y municipios limítrofes, con un radio mínimo de 20 kilómetros (km) mediante consumo compartido.

Desde su punto de vista, el Gobierno tendría que fomentar el empleo local; compensar cualquier pérdida de valor patrimonial de la propiedad residencial del área afectada; y establecer un canon de retorno y compensación del área afectada finalista, condicionado a políticas ambientales, sociales o desarrollo rural.

En el texto, Sumar defiende la importancia de garantizar un equilibrio territorial en lo que tiene que ver con la instalación de parques renovables. Para ello, cree que se debe apoyar una instalación equilibrada para acercar al máximo la producción a los puntos de consumo evitando así pérdidas e ineficiencia.

Además, insiste en que hay que avanzar hacia la 'licencia social', es decir, hacia la aceptación social de los parques fotovoltaicos y eólicos, para lo que, según su opinión, la gobernanza y retorno local son "elementos clave". En este aspecto, pide comprometerse con la preservación ambiental, patrimonial y de espacios productivos y establecer procedimientos garantistas para una mayor aceptación y mejor implementación de estos espacios.