En primer lugar me parece importante señalar que más que una suspensión lo que parece que se va a aprobar es una reducción, durante un período indeterminado, de la cuantía del impuesto a un nivel “simbólico” que no fue desvelado por la ministra en su comparecencia. Los que abogábamos por su eliminación definitiva nos quedamos con la sensación agridulce del “menos da una piedra”.
Este impuesto del 7% lo implantó el gobierno anterior mediante la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En su momento, se presentó como un impuesto a las “eléctricas”, cuyo objetivo era “armonizar la fiscalidad energética con un uso más eficiente del medioambiente y la sostenibilidad”. Sin embargo, todos sabemos que se trataba de otro impuesto especial sobre la electricidad que gravaba a todos los clientes, ya que los precios subieron de forma inmediata al internalizarlo los generadores como un coste más a la hora de ofertar al mercado mayorista. El fin último, y probablemente único, del citado impuesto era recaudar fondos para paliar el déficit que presentaba el sistema eléctrico en 2012, ya que los ingresos procedentes de los clientes no daban para pagar todos los costes. Además, se daba la paradoja de que un impuesto calificado como medioambiental se aplicaba también a la producción renovable, y que se creaba una asimetría permanente con la generación de electricidad en Portugal que, operando en un mercado único ibérico, no estaba afectada por este este impuesto.
El impuesto a la generación de electricidad que ahora se suspende, ha sido materia judicial durante los últimos cinco años, existiendo una discrepancia sobre su legalidad entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Mientras que el Supremo ha dudado de su carácter medioambiental al gravar de forma indiscriminada a todos los generadores independientemente de su impacto, y ha cuestionado su constitucionalidad por considerarlo una doble imposición con el Impuesto de Actividades Económicas, el Constitucional ha avalado su encaje con la constitución en una resolución de junio de este mismo año en la que rechaza el hecho de la doble imposición. El asunto sigue pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó ayer, coincidiendo con el día de comparecencia de la ministra, un máximo histórico de 75,93 Euros por megavatio-hora, y con el precio de hoy de 74,45 Euros ya llevamos doce días consecutivos por encima de 70 Euros, circunstancia que no había ocurrido jamás desde que este mercado se creó hace 20 años. Confiemos en que una vez que el impuesto se suspenda el precio del mercado mayorista lo refleje de forma inmediata, bajando al menos 5 Euros sobre el nivel actual. Sin embargo, la primera indicación del mercado de futuros no parece muy halagüeña, porque la cotización del precio de la electricidad para 2019 solo bajo 1,5 Euros al cierre de ayer, ¿será que el mercado solo atribuye un 30% de probabilidad de éxito a la anunciada suspensión?.
El impacto de la celebrada suspensión temporal implicará una reducción de 2 Euros en la factura media mensual de un cliente doméstico. Todo ayuda, pero claramente se trata de una medida parcial e insuficiente.
El sistema eléctrico necesita una reforma integral adaptada a la realidad de 2018. Aunque se hable de transición ecológica, la verdadera transición es tecnológica. La combinación de la generación con renovables a un coste con el que las tecnologías convencionales térmicas y nucleares no pueden competir, con la transformación digital que cambia de manera definitiva la configuración de las empresas y su relación con los clientes, conlleva una disrupción radical e imparable. El precio de la electricidad puede bajar de forma estructural más de un 20%, para continuar con una tendencia permanente de reducción. Además, se puede mejorar sustancialmente el servicio a un cliente que debe retomar el control sobre su consumo de electricidad, permitiéndole que, si lo desea, se la autogenere. Pero la electricidad es un sector regulado, y las leyes deben favorecer y posibilitar esta transición fundamentada en la disrupción tecnológica.
Esperemos a ver la reforma integral anunciada por la ministra en su comparecencia de ayer en el congreso. El primer reto al que se va a enfrentar el Ministerio de Transición Ecológica va a ser cómo cuadrar las cuentas del sector eléctrico en 2019 para compensar los mas de 1.700 millones de Euros que puede dejar de recaudar con la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Confiemos que sean inclusivos en el diálogo sectorial, que escuchen a todos los agentes, también a los nuevos e independientes, y sobre todo que pongan al cliente en el centro de la reforma.
Joaquín Coronado es fundador y consejero delegado de Podo
@mipodo
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