Hace una semana se reunió la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados y aprobaron por mayoría rotunda, es decir, por todos, que se llevaba al Pleno la votación de una Comisión de investigación del almacén de gas Castor además de buscar vías a partir de las cuales recuperar el dinero de las indemnizaciones previstas.
En esa Junta de Portavoces se dieron cita la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, Dolors Montserrat (PP), Adriana Lastra (PSOE), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Irene Montero (Unidos Podemos), y los portavoces del Grupo Mixto (Carles Campuzano), del PNV (Aitor Esteban) y de Esquerra Republicana (Joan Tardá). Todos ellos dieron el ok para que se debatiera en el Pleno y después se votara a favor o en contra de su creación.
La propuesta, impulsada por el grupo confederal de Unidos Podemos y Compromís, espera "poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras" pues no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías.
"Entendemos que si la Junta de Portavoces aprueba llevar al Pleno esta Comisión para su votación es porque todos están de acuerdo en ponerla en marcha, no tiene sentido que, pudiendo vetarla en esa junta, no lo hagan", explica Josep Vendrell, diputado y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, "aunque podría ser que ninguno quiere retratarse".
El Pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar este martes por la tarde si se sigue adelante con esta Comisión o no. "Estamos pensando si votar a favor o en contra", explican fuentes del grupo popular a El Periódico de la Energía, mientras que **el grupo socialista prefiere hacer mutis por el foro. **
De aprobarse, "vamos a solicitar la presencia de todos los implicados", añade Vendrell.
Esto supone, al menos, la comparecencia de cuatro ex ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -los ex ministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián, y la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez-, y dos de Mariano Rajoy -José Manuel Soria y la de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa-; también el ex secretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de Rodríguez Zapatero, Ignasi Nieto, cargos de la Comunitat Valenciana como el exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; y directivos de la concesionaria Escal UGS, como Florentino Pérez.
Y de entre todos ellos, hay un nombre que suena con rabiosa actualidad: Teresa Ribera. La actual ministra de Transición Ecológica podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén.
Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.
En la propuesta de Unidos Podemos, otros puntos a investigar serían las posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones "para blindar" la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o "la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental".
También quieren saber la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, la gestión de la hibernación del proyecto, así como su desmantelamiento. Unidos Podemos confía en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor, de 1.350 millones de euros a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS.
El almacén de gas Castor se construyó bajo unas previsiones que apuntaban a que podría almacenar un tercio de la demanda total de gas natural de España durante unos 50 días. Sin embargo, cuando se comenzó a inyectar el gas en el interior de las instalaciones, causó más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón. Un informe posterior, del MIT, confirmaba que el proceso de inyección del gas colchón fue el que desencadenó los seísmos que hicieron que el Gobierno paralizara el proyecto.
https://elperiodicodelaenergia.com/el-mit-y-harvard-creen-que-reabrir-el-almacen-castor-supondria-un-riesgo-elevado-de-seismos-en-la-zona/
"En este caso tenemos que ser muy serios y sacar lecciones", concluye Vendrell, "esta Comisión no es un tribunal de justicia pero hay muchas preguntas y respuestas y sobre todo, buscamos responsabilidades políticas".
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